El consultor político argentino Fernando Cerimedo será trasladado este martes al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. La medida se produce mientras enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y otra causa por tentativa de femicidio. El caso, además, comienza a proyectarse sobre la política regional y las campañas digitales.
La imagen resulta difícil de pasar por alto: un consultor político argentino, habituado a moverse en los márgenes del poder y las campañas electorales, será trasladado a uno de los penales de mayor seguridad de Bolivia. Fernando Cerimedo deberá dejar la cárcel de Palmasola para ser enviado a Chonchocoro, en La Paz, ubicada a unos 4.000 metros de altura.
La información fue confirmada por los abogados del propio Cerimedo, quienes anticiparon que el traslado se concretará este martes. La decisión judicial se inscribe en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, por la cual el consultor deberá cumplir seis meses de prisión preventiva.
Pero el expediente está lejos de reducirse a una sola acusación. Cerimedo ya se encontraba detenido preventivamente en Palmasola en el marco de otra investigación, relacionada con el presunto intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller, luego de un ataque cometido por sicarios el pasado 17 de agosto.
De las campañas electorales a una prisión de máxima seguridad
Cerimedo no es un personaje periférico en la política sudamericana. Su nombre quedó asociado a la consultoría política, las estrategias digitales y las campañas electorales de distintos espacios de la derecha regional.
En Argentina fue presentado como consultor vinculado al espacio de Javier Milei. En Bolivia, por su parte, reconoció haber asesorado al actual presidente Rodrigo Paz, aunque negó haber tenido influencia sobre decisiones gubernamentales.
Ahora, el recorrido político del consultor convive con una serie de investigaciones judiciales que adquieren cada vez mayor dimensión.
Uno de los elementos que alimentó la causa por enriquecimiento ilícito fue el hallazgo, durante un allanamiento en una vivienda vinculada a Cerimedo, de alrededor de 50.000 dólares en distintas monedas, además de una estructura que las autoridades describieron como una posible “granja de bots”, destinada a generar mensajes automatizados mediante cuentas falsas.
La defensa cuestiona el traslado
Los abogados del consultor intentaron impedir el traslado a Chonchocoro. Argumentaron que Cerimedo podía ejercer adecuadamente su derecho a la defensa desde Palmasola, donde ya se encontraba detenido.
La Justicia boliviana, sin embargo, rechazó el planteo y ratificó el traslado al penal de máxima seguridad. Días atrás, el propio Cerimedo había manifestado preocupación por su seguridad y aseguró que su vida podía correr peligro en el nuevo destino.
La situación agrega tensión a una causa que ya excedió ampliamente las fronteras bolivianas.
El expediente que mira hacia Chile
Mientras Cerimedo enfrenta sus problemas judiciales en Bolivia, su nombre también comenzó a aparecer en una investigación parlamentaria en Chile.
La Cámara de Diputados chilena aprobó la creación de una comisión especial destinada a investigar posibles mecanismos de manipulación algorítmica, campañas de desinformación y utilización de cuentas automatizadas durante procesos electorales y plebiscitarios desde 2020.
La iniciativa obtuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, superando el número de apoyos necesarios para avanzar. Entre los antecedentes que serán analizados aparece la participación atribuida a Cerimedo en la campaña por el “Rechazo” al plebiscito constitucional de 2022, vinculada a sectores del Partido Republicano.
El actual presidente chileno, José Antonio Kast, buscó despegarse del consultor y negó que su gobierno tenga una relación profesional con él.
Un caso que trasciende a Cerimedo
El traslado a Chonchocoro constituye, así, algo más que un cambio de establecimiento penitenciario. El caso Cerimedo concentra en un mismo expediente algunos de los fenómenos que atraviesan actualmente la política latinoamericana: consultoría electoral, campañas digitales, circulación de desinformación, utilización de redes sociales y vínculos entre operadores políticos que trabajan más allá de las fronteras nacionales.
La Justicia boliviana deberá determinar ahora las responsabilidades que correspondan en las causas que pesan sobre el consultor. Hasta que existan decisiones definitivas, las acusaciones deben ser consideradas dentro del principio de presunción de inocencia.
Pero el dato político ya está instalado. El hombre que durante años trabajó detrás de escena en campañas electorales y disputas por el poder ahora enfrenta sus propios expedientes judiciales desde una cárcel de máxima seguridad.
Chonchocoro aparece como el nuevo escenario de una historia que comenzó en las redes y en los comandos electorales, atravesó Buenos Aires, La Paz y Santiago de Chile, y que todavía está lejos de haber escrito su último capítulo.
