Peña, acorralado por el escándalo bancario: una advertencia para Milei y la política de los negocios financieros
El Congreso paraguayo dejó pendiente la renuncia del presidente y continúa el juicio político por la crisis de Ueno Bank. El caso abre una discusión que también interpela a la Argentina: los vínculos entre poder y negocios privados, la protección de los ahorristas y las responsabilidades políticas que expuso el escándalo de $LIBRA.
La crisis financiera en Paraguay escaló hasta poner contra las cuerdas al presidente Santiago Peña. Su renuncia no consiguió destrabar la sucesión: la sesión del Congreso terminó sin quórum y el juicio político siguió adelante. Detrás de la disputa institucional permanece el problema más urgente: millones de clientes de Ueno Bank sin acceso a sus depósitos.
El cartismo buscó aceptar rápidamente la dimisión para habilitar la llegada del vicepresidente Pedro Alliana al Ejecutivo. La oposición cuestionó esa salida porque permitiría a Peña acceder al Senado vitalicio y conservar fueros. El oficialismo respondió que esas protecciones podrían levantarse mediante un desafuero.
La controversia expone una pregunta incómoda: mientras los ahorristas esperan recuperar su dinero, ¿la prioridad de la dirigencia es esclarecer responsabilidades o negociar las condiciones de salida del mandatario?
También circularon versiones sobre una supuesta huida de Peña a la Argentina. La Presidencia paraguaya aseguró que permanecía en Asunción y el Gobierno argentino negó que hubiera ingresado al país. Esa versión, por lo tanto, no debe presentarse como una fuga comprobada.
La conexión con la Argentina de Javier Milei pasa por la responsabilidad del poder frente a los negocios financieros. Una crisis bancaria y el derrumbe de una criptomoneda tienen mecanismos y alcances diferentes. Pero ambos episodios permiten discutir qué ocurre cuando la confianza en una autoridad política se cruza con intereses privados y ciudadanos que terminan perdiendo dinero.
En ese debate, el caso $LIBRA resulta ineludible. Milei difundió la memecoin desde su cuenta de X el 14 de febrero de 2025. El activo subió abruptamente y luego se desplomó, dejando numerosos damnificados. La promoción presidencial dio una visibilidad extraordinaria a un negocio de alto riesgo.
La crítica política es concreta: un presidente que defiende la libertad de mercado también debe responder por el uso de su investidura para dar difusión a una inversión privada. La confianza asociada al cargo público exige explicaciones sobre los criterios, contactos y controles que precedieron a esa intervención.
La libertad económica no exime al Gobierno de rendir cuentas ni convierte las pérdidas de los ciudadanos en un asunto políticamente irrelevante. Presentar toda operación como una decisión individual deja fuera de discusión la influencia que puede ejercer la palabra presidencial sobre quienes confían en ella.
La situación judicial requiere precisión. El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Milei, a su hermana Karina y a otros investigados al considerar que no se habían acreditado los delitos denunciados. Por eso, corresponde hablar de una presunta estafa denunciada por los damnificados, sin atribuir una culpabilidad penal que no fue establecida.
Ese cierre, sin embargo, enfrenta cuestionamientos. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió que se profundice la investigación y objetó el sobreseimiento. Además, Casación aceptó revisar la exclusión de los querellantes, un paso que podría permitirles volver a impulsar sus reclamos; esa decisión todavía no equivale a reabrir automáticamente la causa.
La comparación con Paraguay deja así una advertencia para Milei: las promesas de modernización financiera y confianza en los negocios necesitan transparencia, controles y responsabilidades claras. Cuando aparecen damnificados, la respuesta del poder debe estar a la altura de la influencia que ejerció.
En Paraguay se discute la continuidad de Peña. En la Argentina, $LIBRA mantiene abierto el debate sobre la responsabilidad política de Milei. Más allá de sus diferencias, ambos casos obligan a colocar en el centro a quienes arriesgaron sus ahorros y siguen reclamando respuestas.
