Por: Redacción de Argentina 24
Argentina atraviesa una temporada que será recordada por una alta tensión histórica. El dilema que se debate en los pasillos del Senado: la reforma a la Ley de Glaciares (N.º 26.639), pero no es solo una discusión ambiental, es para determinados sectores el epicentro de un sismo económico que busca liberar un potencial exportador contenido por décadas. Sin embargo, el desafío no es solo técnico, sino constitucional y de supervivencia.
El "Efecto Tapón" y la Ventana de Oportunidad
El sector minero nacional, amparado por el RIGI, sostiene que la actual normativa presenta ambigüedades en la definición del "ambiente periglaciar" que hoy actúan como un freno de mano. Los números que maneja la Secretaría de Minería son elocuentes: Argentina tiene en cartera una serie de proyectos que suman inversiones por USD 30.000 millones para la próxima década.
El corazón de este "tesoro" está en el cobre, el metal rojo indispensable para la transición energética global. Proyectos como Taca Taca en Salta (con una inversión estimada de USD 5.000 millones), Josemaría y Los Azules en San Juan, no son solo minas: son motores de empleo que podrían generar miles de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, en regiones donde la alternativa suele ser el empleo público o la migración.
El Riesgo de la Regresión: ¿Seguridad Jurídica o Laberinto Judicial?
Aquí es donde el análisis se vuelve complejo. Voces de distintas organizaciones ambientales advierten que cualquier flexibilización normativa choca de frente con el Acuerdo de Escazú y el Principio de No Regresión Ambiental.
La paradoja económica es la siguiente:
El argumento pro-reforma: Dice que sin cambios no hay inversión porque los bancos internacionales temen la inseguridad jurídica de una ley "gris".
La advertencia ambiental: Sostiene que una reforma que baje los estándares será inmediatamente judicializada. Esto generaría el efecto contrario al buscado: proyectos paralizados por años en la Corte Suprema, espantando los capitales que buscan previsibilidad.
La Ciencia como Árbitro
Para evitar que Argentina se desangre en una batalla legal infinita, la solución debe ser científica y no meramente semántica. El impacto económico positivo de la minería solo será real si es sostenible.
Actualización del Inventario: El IANIGLA debe liderar una cartografía de precisión que defina, con base en el aporte hídrico real, qué suelos son intocables y cuáles son aptos para el desarrollo.
Transparencia de Escazú: La participación ciudadana no debe verse como un obstáculo, sino como el seguro de vida de la inversión. Un proyecto con licencia social es un proyecto que no se detiene.
Conclusión: Un Modelo para el Siglo XXI
Argentina no puede permitirse el lujo de ignorar sus recursos minerales, pero mucho menos puede permitirse hipotecar sus reservas estratégicas de agua dulce. La reforma de la Ley de Glaciares debe ser quirúrgica.
Si logramos un marco que respete la Constitución Nacional y garantice que el desarrollo minero no comprometa la seguridad hídrica, Argentina podrá finalmente dejar de mirar de reojo el "éxito" de paises como Chile o Perú, y empezar a escribir una propia historia de progreso sustentable. En 2026, la verdadera riqueza no está solo en lo que extraemos del suelo, sino en la inteligencia con la que protegemos lo que nos permite habitarlo.
