La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de la investigación por el crédito de 57.100 millones de dólares que Mauricio Macri acordó con el Fondo Monetario Internacional en 2018. La resolución beneficia también a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y otros exfuncionarios. Dos de los jueces que firmaron el fallo mantuvieron encuentros con el expresidente durante su mandato. Mientras la deuda continúa condicionando la economía argentina, la Justicia decidió que no había fundamentos penales suficientes para continuar investigando.

La deuda quedó. Las obligaciones de pago también. Las consecuencias económicas todavía forman parte de la discusión sobre el presente y el futuro de la Argentina. Pero la investigación judicial destinada a determinar si existieron delitos en la contratación del mayor préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional llegó a su final.

Este lunes 19 de octubre, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el cierre de la causa que investigaba las presuntas irregularidades cometidas durante el gobierno de Mauricio Macri en la negociación, aprobación y utilización del crédito de 57.100 millones de dólares acordado en 2018.

La decisión fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes dejaron firme el archivo del expediente después de que el fiscal general Raúl Pleé desistiera de sostener la apelación presentada por otros representantes del Ministerio Público Fiscal.

El fallo beneficia al expresidente Macri y a varios de los funcionarios que participaron en aquella operación financiera. Entre ellos aparecen dos integrantes fundamentales del actual gabinete de Javier Milei: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La resolución clausura, respecto de los hechos investigados, una causa de enorme trascendencia política y económica. Sin embargo, no significa que el endeudamiento haya sido beneficioso ni que todas las decisiones administrativas hayan sido correctas. La Justicia concluyó que no se había acreditado una hipótesis delictiva suficiente para continuar el proceso penal.

Los jueces que visitaban a Macri y ahora cerraron su causa

Uno de los aspectos más controvertidos de la resolución está relacionado con los antecedentes de dos de los magistrados que participaron de la decisión.

Gustavo Hornos y Mariano Borinsky mantuvieron encuentros con Mauricio Macri durante su presidencia, una circunstancia que ya había generado cuestionamientos públicos sobre la independencia del Poder Judicial.

Ambos integraron ahora el tribunal que confirmó el archivo de una investigación que involucraba directamente al exmandatario.

La existencia de esas reuniones no demuestra por sí misma que el fallo haya sido irregular. Sin embargo, constituye un antecedente relevante para evaluar la apariencia de imparcialidad y la confianza pública en las instituciones judiciales.

A esa situación se suma la actuación del fiscal Raúl Pleé, quien también figuró entre las visitas registradas durante la gestión de Cambiemos y cuya decisión de abandonar la apelación resultó determinante.

El expediente llegó a Casación después de que la jueza María Eugenia Capuchetti dispusiera su cierre en febrero de 2026 y de que la Cámara Federal confirmara posteriormente esa resolución.

El fiscal Franco Picardi, responsable de impulsar la investigación en primera instancia, había cuestionado esa decisión. Pero Pleé consideró que no correspondía continuar con el recurso.

De esta manera, la causa terminó cerrándose sin que la instancia superior avanzara en una revisión integral de los cuestionamientos formulados por los fiscales que pretendían mantener abierta la investigación.

Un préstamo de 57.100 millones de dólares y demasiadas preguntas

Para comprender la magnitud del caso hay que regresar a 2018.

El gobierno de Mauricio Macri atravesaba una crisis cambiaria, una creciente salida de capitales y dificultades para conseguir financiamiento internacional.

En ese contexto, la administración de Cambiemos recurrió al Fondo Monetario Internacional.

El acuerdo inicial contempló un financiamiento de 50.000 millones de dólares, que posteriormente fue ampliado hasta los 57.100 millones. Se trató del mayor compromiso crediticio aprobado hasta entonces por el organismo.

Pero las condiciones en las que se negoció y ejecutó la operación despertaron cuestionamientos.

La investigación judicial buscaba determinar si se habían vulnerado normas constitucionales y administrativas, si existieron maniobras fraudulentas y si los recursos fueron utilizados de manera perjudicial para el patrimonio del Estado.

El fiscal Picardi sostuvo que la deuda había sido contraída sin cumplir procedimientos esenciales y que los funcionarios involucrados conocían los riesgos de una operación que consideraba insostenible.

Entre las irregularidades señaladas aparecían la falta de intervención del Congreso Nacional, la ausencia de determinados dictámenes técnicos y jurídicos y la omisión de procedimientos administrativos previstos para operaciones de esa magnitud.

El artículo 75, inciso 4, de la Constitución Nacional atribuye al Congreso la facultad de contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.

La discusión judicial consistía en establecer si las decisiones del Poder Ejecutivo habían vulnerado esa competencia y, fundamentalmente, si las eventuales irregularidades configuraban delitos penales.

Los magistrados que confirmaron el cierre consideraron que la investigación no había logrado demostrar los elementos necesarios para sostener una acusación criminal.

La fuga de capitales y los informes que quedaron sin respuesta penal

Uno de los puntos más sensibles de la investigación fue el destino de los dólares provenientes del organismo internacional.

La acusación impulsada por Picardi planteaba que los fondos contribuyeron a sostener un esquema financiero que favoreció la salida de capitales y benefició a determinados actores privados.

Durante el período de vigencia del acuerdo, el Banco Central registró una formación de activos externos cercana a los 45.100 millones de dólares.

Ese dato no significa que todos esos dólares provinieran directamente del préstamo del FMI, pero alimentó los cuestionamientos sobre la utilización del financiamiento internacional y sus efectos sobre las reservas del país.

La investigación también incorporó informes de organismos de control.

La Sindicatura General de la Nación estimó que las operaciones examinadas provocaron un perjuicio económico al Estado de al menos 29.618 millones de dólares.

Por su parte, la Auditoría General de la Nación formuló observaciones sobre las competencias de las autoridades que intervinieron y los procedimientos administrativos utilizados.

Para la fiscalía que pretendía continuar investigando, esos elementos justificaban profundizar la pesquisa.

Pero los tribunales entendieron que la existencia de irregularidades administrativas o perjuicios económicos no bastaba, por sí sola, para acreditar delitos como administración fraudulenta o abuso de autoridad.

Esa diferencia entre responsabilidad política, irregularidad administrativa y responsabilidad penal constituye el centro jurídico del caso.

El fiscal que decidió no continuar

La intervención de Raúl Pleé fue decisiva.

El fiscal ante Casación resolvió no mantener el recurso que buscaba revertir el archivo de la investigación.

Su argumento central fue que, después de más de cinco años de actuaciones, no se había conseguido fundamentar una hipótesis delictiva concreta.

Según su interpretación, las acusaciones expresaban principalmente un cuestionamiento a determinadas decisiones de política económica, pero no demostraban suficientemente la comisión de delitos.

El razonamiento coincide con la postura adoptada por Capuchetti y posteriormente confirmada por la Cámara Federal: el Poder Judicial no debe reemplazar a las autoridades políticas en la evaluación de la conveniencia de un programa económico.

Sin embargo, ese argumento abre una discusión de enorme importancia institucional.

Una cosa es que los tribunales no deban decidir cuál es la política económica más conveniente. Otra, diferente, es determinar si quienes ejecutan esas políticas están obligados a respetar los procedimientos constitucionales y administrativos.

El fiscal Picardi sostenía que la investigación no pretendía juzgar simplemente una decisión económica equivocada, sino establecer si existieron conductas penalmente reprochables en la contratación y utilización del préstamo.

Esa controversia quedó sin una resolución judicial que acreditara responsabilidades penales.

Caputo y Sturzenegger: del endeudamiento de Macri al gabinete de Milei

El cierre del expediente también tiene consecuencias políticas para el actual Gobierno.

Luis Caputo y Federico Sturzenegger, protagonistas de la política económica durante la administración de Cambiemos, ocupan nuevamente posiciones centrales en la conducción del Estado.

Caputo está al frente del Ministerio de Economía y Sturzenegger conduce la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.

Ambos formaron parte del universo de funcionarios investigados por sus responsabilidades en las decisiones que rodearon el acuerdo de 2018.

La continuidad de estos dirigentes en posiciones de poder constituye uno de los rasgos más visibles de la relación entre los equipos económicos del macrismo y del gobierno libertario.

Para la administración de Milei, el archivo representa el cierre de un frente judicial que podía afectar a funcionarios de primera línea.

Para los sectores críticos, en cambio, vuelve a instalar la pregunta sobre la responsabilidad política de quienes participaron en un endeudamiento que condicionó durante años las decisiones económicas del país.

Porque más allá de la resolución penal, las consecuencias de aquella operación siguen siendo materia de debate público.

Una Justicia cuestionada por su doble vara

La decisión de Casación también vuelve a colocar en discusión el funcionamiento de Comodoro Py.

Los cuestionamientos no se limitan al resultado del expediente, sino que alcanzan a los vínculos previos de algunos magistrados con dirigentes políticos y a la actuación de los fiscales en investigaciones de fuerte impacto institucional.

Desde sectores opositores al macrismo y al gobierno de Milei se denuncia una aplicación desigual de los criterios judiciales.

La comparación con las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner forma parte de esa controversia.

Sin embargo, para evaluar si existe un tratamiento desigual resulta necesario examinar las pruebas, las figuras penales, las decisiones procesales y las circunstancias particulares de cada expediente.

Lo que sí resulta indiscutible es que la independencia judicial exige algo más que resoluciones formalmente válidas: requiere transparencia, fundamentos sólidos y ausencia de conflictos de interés que puedan comprometer la confianza ciudadana.

Cuando una investigación involucra decisiones que afectaron las finanzas públicas durante décadas, esas exigencias adquieren una importancia todavía mayor.

La deuda no se archiva

El expediente judicial puede cerrarse, pero el debate sobre el endeudamiento argentino permanece abierto.

Los compromisos con el Fondo Monetario Internacional continúan condicionando la política económica, las negociaciones financieras y las posibilidades presupuestarias del Estado.

Las obligaciones de pago, las refinanciaciones y las exigencias asociadas a los programas con el organismo tienen efectos concretos sobre las decisiones de los distintos gobiernos.

En ese contexto, el cierre de la causa plantea una paradoja política.

Los funcionarios investigados no enfrentarán nuevas actuaciones penales por los hechos examinados en este expediente, salvo que aparezcan elementos nuevos o distintos que justifiquen otra investigación.

Pero las consecuencias del endeudamiento siguen formando parte de la vida económica del país.

La Justicia resolvió que no existían fundamentos suficientes para continuar una acusación penal. Esa conclusión debe distinguirse de cualquier valoración sobre el costo social, económico o político del acuerdo.

Porque una decisión puede no constituir un delito y, al mismo tiempo, resultar profundamente perjudicial para los intereses nacionales.

La Argentina seguirá discutiendo durante años las consecuencias de aquel préstamo. Lo que ya no tendrá, en esta causa, es un proceso penal abierto para determinar responsabilidades por su contratación y ejecución.

La pregunta que queda es tan sencilla como incómoda: ¿quién debe rendir cuentas ante la sociedad cuando una decisión de semejante magnitud compromete el futuro económico de generaciones enteras?

El expediente tiene punto final. La deuda, no.