Tecnópolis, los negocios del poder y el conflicto de intereses que incomoda al Gobierno

Mientras el Gobierno se prepara para adjudicar la concesión de Tecnópolis por los próximos treinta años, una trama de vínculos empresariales, familiares y políticos vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre funcionarios públicos y contratistas del Estado.

En el centro de la escena aparece Bettina Angeletti, esposa del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según información difundida en las últimas semanas, la consultora de Angeletti habría percibido al menos 55 millones de pesos de Foggia Group, una productora que participa de la licitación para quedarse con la explotación del predio de Tecnópolis, un negocio estimado en más de 180 mil millones de pesos.

La particularidad del caso es que la empresa mantiene vínculos directos con el entorno político más cercano a Karina Milei. Hasta su desembarco en el Gobierno, Mara Gorini —actual secretaria de la hermana del Presidente— figuraba entre las socias de Foggia Group. Posteriormente, la compañía quedó bajo control de su esposo, Marcelo Dionisio, y del hijo de ambos.

Sin embargo, el mapa societario comenzó a modificarse de manera acelerada durante 2025. Pocos días antes del anuncio oficial de la concesión de Tecnópolis, ingresaron a la firma directivos vinculados al conglomerado empresarial de la familia Werthein, propietaria de múltiples compañías de medios y telecomunicaciones, entre ellas DirecTV.

La incorporación de ejecutivos ligados al grupo empresario alimentó las especulaciones sobre quiénes son los verdaderos interesados en controlar uno de los activos culturales y comerciales más importantes del Estado nacional.

En paralelo, la revelación de los pagos efectuados a la consultora de la esposa de Adorni agrega un elemento que excede la discusión comercial: el eventual conflicto de intereses. La resolución final de la licitación depende precisamente del área que conduce el funcionario cuya esposa mantuvo relaciones comerciales con una de las empresas participantes.

Fuentes cercanas al proceso admiten que la situación genera preocupación ante una posible judicialización de la adjudicación. El temor es que cualquier decisión firmada por Adorni pueda ser cuestionada por la existencia de vínculos económicos indirectos entre su entorno familiar y uno de los oferentes.

Por esa razón, dentro del propio oficialismo comenzaron a explorar alternativas para que otro funcionario asuma la firma final del expediente y reduzca los riesgos legales de una impugnación posterior.

La discusión ya no gira solamente alrededor de quién administrará Tecnópolis durante las próximas tres décadas. La verdadera pregunta es si el Gobierno podrá demostrar que la decisión será adoptada sin interferencias de relaciones personales, familiares o empresariales que comprometan la transparencia del proceso.