La inflación volvió a subir y deja al descubierto los límites del plan económico de Milei: el ajuste no alcanza y las familias pagan las consecuencias
El índice de precios de septiembre alcanzó el 1,9% y acumuló un 33,4% interanual. Pese al enfriamiento de la economía, la caída del consumo y la utilización del dólar como ancla cambiaria, el Gobierno no consigue quebrar la resistencia inflacionaria. Mientras Luis Caputo celebra las estadísticas, millones de argentinos enfrentan aumentos en alimentos, tarifas, educación y salud.
La inflación volvió a convertirse en una señal de alarma para el gobierno de Javier Milei. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los precios aumentaron un 1,9% durante septiembre, acumularon un 23,6% en los primeros nueve meses de 2026 y registraron una variación interanual del 33,4%.
El dato no solamente representa una aceleración respecto del 1,7% registrado en agosto. También pone en evidencia las dificultades de un programa económico que, después de un prolongado ajuste sobre el consumo y la actividad productiva, sigue sin conseguir una reducción sostenida de la inflación.
La paradoja del modelo libertario resulta cada vez más evidente: la economía permanece debilitada, pero los precios continúan aumentando.
El Gobierno consiguió reducir la velocidad de los aumentos respecto de los niveles extraordinarios que recibió al asumir, pero esa desaceleración parece haber encontrado un límite. Y ese límite representa un problema económico, social y político para una administración que convirtió la lucha contra la inflación en su principal bandera.
El relato oficial choca contra la realidad de los bolsillos
Lejos de reconocer las dificultades, el ministro de Economía, Luis Caputo, optó por destacar que la inflación de septiembre fue la más baja para ese mes en nueve años.
La afirmación puede resultar estadísticamente correcta, pero omite un dato fundamental: los precios volvieron a acelerarse y la inflación continúa oscilando alrededor del 2% mensual.
La comparación con años anteriores permite mostrar avances, pero no alcanza para explicar por qué el Gobierno no logra consolidar una nueva etapa de desinflación.
El verdadero problema no es solamente cuánto suben los precios, sino cuánto dinero les queda a los trabajadores y jubilados después de pagar los gastos indispensables.
Porque mientras los funcionarios exhiben porcentajes y celebran indicadores, las familias deben afrontar facturas de servicios, medicamentos, alquileres, alimentos y educación que absorben una porción cada vez mayor de sus ingresos.
La estabilidad económica no puede medirse exclusivamente desde los despachos oficiales. También debe evaluarse por la capacidad de los ciudadanos para sostener una vida digna.
Tarifas, salud y educación: los aumentos que golpean donde más duele
Los datos de septiembre muestran que los incrementos más importantes se concentraron precisamente en sectores esenciales para la vida cotidiana.
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Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles: 3,1%.
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Educación: 3%.
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Comunicación: 2,5%.
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Salud: 2,4%.
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Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2%.
Estos aumentos superaron el índice general y revelan una de las principales contradicciones del programa económico.
Mientras el Gobierno presenta la desaceleración inflacionaria como una conquista, buena parte de los gastos que las familias no pueden evitar continúa encareciéndose por encima del promedio.
La diferencia es sustancial: una familia puede postergar la compra de ropa, suspender unas vacaciones o reducir las salidas recreativas, pero difícilmente pueda prescindir de la electricidad, el gas, los medicamentos o la alimentación.
Por eso, una inflación del 1,9% puede representar un deterioro mucho mayor en la economía real de un hogar cuyos ingresos no acompañan el incremento de sus gastos básicos.
Una economía debilitada que tampoco consigue derrotar la inflación
Uno de los aspectos más cuestionables del programa de Milei es que la persistencia inflacionaria se produce en un contexto de actividad económica débil.
La estrategia oficial ha descansado, entre otros instrumentos, en la disciplina fiscal, la restricción monetaria y la utilización del tipo de cambio como referencia para contener los precios.
Sin embargo, los resultados muestran que esos mecanismos tienen límites.
La inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, alcanzó el 1,7% en septiembre. El indicador refleja que persisten presiones inflacionarias más allá de los ajustes tarifarios o de las variaciones temporales de determinados productos.
La consultora LCG advirtió que la inflación mantiene un importante componente inercial, incluso con el ancla cambiaria y una actividad económica que muestra escaso dinamismo.
La conclusión resulta incómoda para el discurso libertario: enfriar la economía no garantiza, por sí solo, eliminar la inflación.
Y cuando la reducción del consumo y la debilidad de la producción no se traducen en una mejora significativa del poder adquisitivo, aparece una pregunta inevitable: ¿quiénes están pagando el costo del ajuste y cuáles son los beneficios concretos que reciben?
El salario disponible: la verdadera medida de la crisis
Existe otro indicador que merece tanta atención como el índice de precios: el salario disponible.
No se trata únicamente de cuánto cobra un trabajador, sino de cuánto conserva después de afrontar los compromisos indispensables del mes.
Cuando los servicios públicos, la vivienda, la salud y la educación aumentan por encima de la inflación general, el dinero que queda para consumir, ahorrar o atender imprevistos se reduce.
Esta situación también afecta a jubilados, pequeños comerciantes y trabajadores independientes, que deben reorganizar permanentemente sus presupuestos.
La discusión económica, entonces, no puede limitarse a celebrar que la inflación sea menor que la de años anteriores.
Una economía no mejora verdaderamente si los precios aumentan más lentamente, pero los ciudadanos siguen perdiendo capacidad para consumir y sostener sus necesidades.
El 2% mensual, una barrera que desnuda el agotamiento de la estrategia
La evolución reciente del índice muestra que la desinflación perdió impulso.
Después del 3,4% registrado en marzo, la inflación descendió hasta el 1,5% en mayo. Posteriormente volvió a acelerarse, alcanzó el 2,1% en junio y julio, retrocedió al 1,7% en agosto y volvió a subir al 1,9% en septiembre.
La secuencia revela que el Gobierno todavía no consigue establecer una tendencia descendente firme.
A esto se suma una preocupación adicional: una eventual recuperación del consumo o nuevas tensiones cambiarias podrían generar presiones sobre los precios.
Las proyecciones de LCG ubican la inflación de los próximos meses cerca del 2% mensual y estiman que el año podría finalizar con una variación próxima al 30%.
Si ese escenario se confirma, el Gobierno deberá explicar por qué, después de aplicar un severo ajuste económico, la Argentina continúa enfrentando una inflación anual elevada.
Milei y Caputo frente a una contradicción que ya no pueden ignorar
El presidente Javier Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de derrotar la inflación y terminar con los desequilibrios económicos argentinos.
Es cierto que la inflación actual es considerablemente inferior a la registrada durante los momentos más críticos de los últimos años. Desconocer esa reducción sería tan equivocado como aceptar que el problema está resuelto.
Pero el Gobierno tampoco puede utilizar los errores del pasado como una justificación permanente para evitar el debate sobre los resultados presentes.
Después de casi tres años de gestión, corresponde evaluar no solamente cuánto disminuyó la inflación, sino también qué ocurrió con el empleo, los salarios, las jubilaciones, la producción y el consumo.
El éxito de un programa económico no debería medirse exclusivamente por la reducción de una estadística, sino por su capacidad de mejorar las condiciones materiales de vida de la población.
La inflación de septiembre deja una advertencia que el oficialismo parece decidido a minimizar: el ajuste tiene costos sociales concretos y la estabilidad prometida todavía no se traduce de manera suficiente en alivio para los hogares.
Mientras Caputo celebra un 1,9%, millones de argentinos continúan haciendo cuentas para llegar a fin de mes.
Y allí aparece la principal debilidad política y social del modelo económico de Milei: un plan que exige sacrificios prolongados, pero que todavía no consigue ofrecer a amplios sectores de la sociedad una recuperación tangible de su bienestar.
La inflación ya no corre a la velocidad de otros tiempos, pero tampoco desapareció. Y para quienes deben elegir qué gasto postergar cada mes, la diferencia entre un índice del 1,7% y otro del 1,9% es mucho menos importante que la posibilidad de vivir dignamente con sus ingresos.
