La caja de las rutas: el Gobierno admite que utiliza fondos viales para sostener el equilibrio fiscal

El vocero Adrián Ravier reconoció que no todo lo recaudado mediante el impuesto a los combustibles se destina al mantenimiento de la red nacional. La declaración compromete al Ministerio de Economía y abre interrogantes sobre el cumplimiento de la asignación establecida por ley.

El Gobierno terminó por admitir lo que gobernadores, legisladores y organismos vinculados con la infraestructura vial vienen denunciando desde hace meses: una parte de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles no se utiliza para reparar las rutas, sino que permanece bajo la administración del Ministerio de Economía como instrumento para sostener el equilibrio fiscal.

La explicación fue ofrecida por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una entrevista con El Diario de La Pampa.

“No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de las rutas”, respondió ante una consulta sobre el destino de la recaudación.

La construcción elegida no fue casual. Ravier evitó precisar qué porcentaje llega efectivamente a las obras y reconoció que el resto de los recursos queda en manos del Palacio de Hacienda.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va”, señaló. Luego agregó que Economía dispone del remanente como parte del esfuerzo destinado a “lograr el equilibrio fiscal en una situación muy compleja”.

La declaración coloca bajo la lupa al ministro Luis Caputo. Los recursos obtenidos a través del impuesto a los combustibles cuentan con una asignación específica y deben financiar el Sistema Vial Integrado, constituido para solventar obras y tareas de conservación de la red nacional.

En consecuencia, esos fondos no deberían funcionar como una reserva disponible para mejorar las cuentas fiscales ni para cubrir otras obligaciones del Tesoro. Si fueron aplicados a una finalidad diferente de la prevista, deberá determinarse si existió una decisión administrativa incompatible con el régimen legal que regula su utilización.

Recaudación millonaria y rutas deterioradas

Las palabras del vocero se conocieron en un momento especialmente delicado para el ministro de Economía. Un informe publicado por La Nación indicó que el Gobierno había recaudado más de 1,5 billones de pesos para el fideicomiso vial, pero mantenía, hasta finales de mayo, más de un billón colocado en inversiones financieras, entre ellas plazos fijos y títulos públicos.

La contradicción es evidente: mientras el dinero acumulaba rendimientos financieros, una parte considerable de la red vial continuaba deteriorándose por falta de mantenimiento y obras.

De acuerdo con el mismo relevamiento, desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada la subejecución del Sistema Vial Integrado alcanzó el 73,8 por ciento. La aplicación de esos recursos a su destino legal habría permitido intervenir entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas nacionales.

El equilibrio fiscal, presentado por el Gobierno como el principio ordenador de toda su política económica, aparece así sostenido parcialmente mediante la postergación de obligaciones básicas del Estado. El costo no figura en las planillas del Ministerio de Economía, pero se hace visible en el deterioro del pavimento, el aumento del riesgo vial y la paralización de obras.

El reclamo que los gobernadores dejaron caer

La retención de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles constituye desde hace tiempo uno de los principales reclamos de los gobernadores. Las provincias llegaron a impulsar una modificación legislativa para alterar su distribución y garantizar que una proporción mayor regresara a las jurisdicciones donde se encuentran las rutas afectadas.

La iniciativa, sin embargo, fue retirada después de una negociación de último momento con la Casa Rosada. El acuerdo desactivó la ofensiva parlamentaria, pero no resolvió el problema que la había originado.

Ahora, la confesión del vocero aporta un elemento político de relevancia: el Gobierno no desconoce la existencia de los recursos ni niega que una parte permanezca fuera del circuito de obras. Por el contrario, justifica esa retención en nombre del equilibrio fiscal.

Queda por establecer cuánto dinero fue efectivamente utilizado, cuánto continúa inmovilizado o invertido y qué autoridad dispuso apartarlo temporalmente de su finalidad específica. También deberá determinarse si esa conducta genera responsabilidades administrativas o penales.

Mientras esas preguntas esperan respuesta, las rutas siguen deteriorándose y el dinero recaudado para repararlas continúa contribuyendo a exhibir un resultado fiscal cuyo costo real se desplaza hacia el futuro.