Con apenas dos semanas por delante para cerrar el período ordinario, el Gobierno busca imponer tres proyectos centrales para su futuro político. Las exigencias de los gobernadores, las diferencias con Patricia Bullrich y la resistencia opositora complican los planes de la Casa Rosada. En el medio, Salta aparece como escenario de negociaciones decisivas.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta una carrera contra el calendario legislativo y contra sus propias contradicciones políticas. Después de semanas marcadas por la visita del papa León XIV y una actividad parlamentaria reducida, La Libertad Avanza pretende recuperar el tiempo perdido con una ofensiva que tiene tres objetivos: conseguir la media sanción del Presupuesto 2027, avanzar con la controvertida Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y modificar las reglas electorales mediante la eliminación o suspensión de las PASO.
No se trata simplemente de una agenda legislativa cargada. Detrás de cada iniciativa se juega una parte importante del proyecto político libertario: los recursos con los que gobernará durante el próximo año, las facultades del Estado en materia de seguridad e inteligencia y las condiciones bajo las cuales Milei buscará su reelección.
Pero la Casa Rosada enfrenta un problema que ni los discursos presidenciales ni las presiones políticas pueden resolver por sí solos: necesita votos que no tiene.
El 30 de noviembre termina el período de sesiones ordinarias y el oficialismo deberá demostrar hasta dónde llegan sus acuerdos con el PRO, sectores del radicalismo y los gobernadores provinciales. La posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias ya forma parte de los cálculos oficiales.
Un Presupuesto condicionado por las provincias
El Presupuesto 2027 es la pieza central de la estrategia gubernamental. El oficialismo pretende obtener dictamen en comisión el martes 17 de noviembre y llevar el proyecto al recinto de Diputados el miércoles 25.
Sin embargo, las negociaciones están lejos de cerrarse.
Los gobernadores y los bloques parlamentarios que responden a las provincias reclaman compromisos concretos sobre la distribución de recursos, el financiamiento universitario, la inversión científica y las prestaciones para personas con discapacidad.
La experiencia acumulada durante la gestión libertaria parece haber dejado una enseñanza entre los mandatarios provinciales: las promesas políticas necesitan convertirse en partidas presupuestarias para tener alguna garantía de cumplimiento.
Uno de los cuestionamientos más significativos proviene del diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal, quien reclamó una mayor asignación de recursos para Ciencia y Tecnología.
Según los datos planteados durante las negociaciones, el proyecto oficial destina apenas el 0,178 por ciento del Producto Bruto Interno a ese sector, cuando la legislación vigente establece una meta del 0,59 por ciento para 2027.
La diferencia expone una contradicción estructural del modelo económico libertario: mientras el Gobierno insiste en la necesidad de modernizar la economía y atraer inversiones, su propuesta presupuestaria mantiene a la investigación científica muy por debajo de los objetivos establecidos por ley.
A las demandas por ciencia y educación se suman los reclamos del PRO sobre coparticipación y beneficios impositivos para determinados sectores industriales.
Salta, escenario de una negociación política decisiva
En este complejo tablero parlamentario, Salta adquiere una relevancia particular.
El gobernador Gustavo Sáenz tiene previsto presentar este lunes su libro Federalismo y Progreso, en un encuentro que también aparece como una oportunidad para acercar posiciones entre mandatarios provinciales.
La Casa Rosada espera que Sáenz contribuya a construir entendimientos con gobernadores como Hugo Passalacqua, de Misiones; Raúl Jalil, de Catamarca; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.
El objetivo oficialista es sumar respaldos tanto para el Presupuesto como para la reforma electoral.
La situación vuelve a colocar a los gobernadores del norte argentino frente a una disyuntiva conocida: acompañar las iniciativas del Ejecutivo nacional a cambio de compromisos financieros o sostener reclamos provinciales que pueden entrar en contradicción con el programa de ajuste.
Para Salta, el resultado de esas conversaciones no será una cuestión menor. El financiamiento de obras, servicios públicos, universidades y políticas sociales constituye una dimensión concreta de las relaciones entre Nación y provincia.
La discusión de fondo es si el federalismo funcionará como una herramienta para equilibrar desigualdades territoriales o si terminará reducido a una negociación de votos a cambio de recursos.
Las PASO: una reforma electoral con la reelección en el horizonte
Otro de los grandes objetivos del Gobierno es modificar el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, pretende que el Senado avance con la media sanción durante las próximas dos semanas. Pero la iniciativa enfrenta resistencias incluso dentro del propio oficialismo.
Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en la Cámara alta, sostiene que todavía no están garantizados los 37 votos necesarios para aprobar la reforma.
Las diferencias revelan una disputa que excede las cuestiones parlamentarias. La relación entre Bullrich y los sectores más cercanos a Karina Milei atraviesa tensiones sobre la conducción política y el futuro electoral del espacio.
El borrador que circula en el Senado contempla suspender las PASO para 2027, en lugar de eliminarlas definitivamente.
El oficialismo justifica su propuesta en la necesidad de reducir gastos electorales y evitar que el Estado financie las internas partidarias. Sus críticos advierten, en cambio, que suprimir las primarias puede concentrar todavía más poder en las conducciones partidarias y reducir las posibilidades de participación de sectores minoritarios.
La reforma también contempla modificaciones al financiamiento de las campañas, con una reducción de la intervención estatal, mayores márgenes para los aportes privados y cambios en los espacios gratuitos de difusión electoral.
De concretarse, el nuevo esquema podría favorecer a las organizaciones políticas con mayores recursos económicos y estructuras consolidadas.
La pregunta, entonces, no es solamente cuánto dinero se ahorraría el Estado, sino qué consecuencias tendría ese ahorro sobre la competencia democrática y la igualdad de oportunidades entre las fuerzas políticas.
Una Ley de Soberanía que despierta cuestionamientos
El tercer frente legislativo es la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento está previsto para el miércoles 18 de noviembre, junto con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Aunque el proyecto ya cuenta con dictamen, persisten diferencias importantes con los bloques aliados.
Uno de los puntos más discutidos es la incorporación de una figura penal vinculada con campañas de injerencia extranjera.
La iniciativa contempla sanciones de entre cinco y doce años de prisión para determinadas conductas organizadas que oculten vínculos con agentes extranjeros.
Sus impulsores sostienen que busca proteger las instituciones democráticas frente a operaciones de interferencia. Sin embargo, legisladores opositores y dialoguistas cuestionan la amplitud de algunas definiciones y advierten sobre posibles consecuencias para la libertad de expresión.
La diputada Karina Banfi solicitó eliminar el capítulo referido a modificaciones electorales y penales. El oficialismo se mostró dispuesto a negociar cambios, pero no a retirar completamente ese apartado.
La discusión plantea un interrogante fundamental: cómo proteger la soberanía nacional sin construir instrumentos legales que puedan utilizarse para restringir derechos y libertades.
En un contexto de creciente confrontación entre el Gobierno, sectores de la oposición y organizaciones sociales, los alcances concretos de esas disposiciones merecen un debate especialmente riguroso.
El factor Bullrich y la agenda social que incomoda al Gobierno
Mientras la Casa Rosada concentra sus esfuerzos en el Presupuesto y la reforma electoral, Patricia Bullrich impulsa una agenda parlamentaria que no coincide completamente con las prioridades presidenciales.
La senadora anunció su intención de avanzar con una nueva ley de discapacidad y con la regulación de las apuestas online, particularmente en relación con la ludopatía infantil.
Ambas iniciativas cobraron renovada importancia durante la visita del papa León XIV, quien puso el foco en la protección de las personas vulnerables y en la responsabilidad social de las instituciones.
La cuestión de la discapacidad adquiere una dimensión política especialmente sensible después de los conflictos por el financiamiento de prestaciones y servicios esenciales.
Para el Gobierno, que sostiene el equilibrio fiscal como uno de sus principales objetivos, cualquier iniciativa que implique compromisos presupuestarios adicionales representa una negociación incómoda.
La paradoja es evidente: mientras el oficialismo busca acelerar reformas vinculadas con su programa económico y sus aspiraciones electorales, las demandas sociales presionan para ocupar un lugar en una agenda legislativa dominada por las urgencias del poder.
Quince días para definir mucho más que tres leyes
El cierre de noviembre promete convertirse en una prueba decisiva para la capacidad de negociación del Gobierno.
Milei necesita demostrar que puede transformar su iniciativa política en mayorías parlamentarias. Los gobernadores intentarán convertir su poder de negociación en recursos concretos para sus provincias. Y la oposición buscará impedir que las reformas se aprueben sin modificaciones sustanciales.
Pero detrás de las disputas por dictámenes, firmas y números legislativos existe una discusión de mayor profundidad.
El Presupuesto determinará qué sectores recibirán recursos y cuáles deberán enfrentar nuevas restricciones. La reforma electoral puede modificar las condiciones de la competencia democrática. Y la Ley de Soberanía abrirá un debate sobre los límites de la intervención estatal en cuestiones de seguridad, información y derechos.
El oficialismo pretende cerrar el año legislativo consolidando las bases de su proyecto político hacia 2027. La cuestión es si conseguirá hacerlo mediante acuerdos capaces de responder a las necesidades del país o si la urgencia por acumular poder terminará relegando, una vez más, las demandas sociales.
Porque mientras en los despachos del Congreso se negocian votos y cargos, fuera de ellos persisten problemas que ninguna ingeniería parlamentaria puede ocultar: el financiamiento de la educación, la investigación científica, la atención de las personas con discapacidad y las profundas desigualdades entre las provincias.
Y será precisamente allí, en las consecuencias concretas de las decisiones legislativas, donde se medirá el verdadero alcance de esta ofensiva del Gobierno.
