El ex presidente Alberto Fernández atribuyó su procesamiento en la causa Seguros a una “decisión judicial que fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso”.
“Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”, expresó el ex mandatario desde sus redes sociales.
Por otro lado el fiscal federal Ramiro González dio por cerrada la investigación por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y comenzó los trámites de consulta a su defensa y a la querella de Fabiola Yañez para el envío del caso a juicio oral.
"Sin perjuicio de que las partes consideren que aún restan por producirse medidas de prueba, esta representación del Ministerio Público Fiscal entiende que se han materializado todas aquellas pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario respecto de la participación que le cabe a Alberto Ángel Fernández por los hechos que le fueron imputados y por los que se encuentra procesado", explicó el dictamen del fiscal.
El fiscal consideró que "se debe dar por concluida la instrucción del sumario" e iniciar los pasos para sortear el caso ante un tribunal oral. Al respecto se notificó a la defensa y a la querella y una vez concluida la ronda de consultas se resolverá sobre el envío del expediente a juicio.
La fiscalía explicó que "durante el trámite de la instrucción se produjeron las medidas de prueba pertinentes a los efectos de corroborar o descartar las hipótesis delictivas".
"En tal dirección, respetando el principio de igualdad de armas, fueron llevadas a cabo las diligencias propuestas tanto por la defensa como por la querella tendientes a verificar o descartar los hechos denunciados o algunas aristas de los mismos", agregó.
En cambio, "fueron descartadas las inconducentes y todas aquellas dirigidas a dilucidar cuestiones que no se encuentran controvertidas en autos o que puedan ser realizadas en una posterior etapa del proceso".
Al respecto destacó que "se debe reparar en la metodología que tienen los hechos ilícitos en contexto de violencia de género del caso y las circunstancias domésticas y reservadas en las que se produjeron" y remarcó que no se autorizaron medidas de prueba que " pudiesen resultar re-victimizantes para con la denunciante".
El ex presidente está procesado y embargado por diez millones de pesos por lesiones contra Yañez en un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder" entre ambos desde 2016 hasta agosto de 2024.

Thomson Reuters (Nasdaq/TSX: TRI), empresa global de contenido y tecnología, publicó hoy su informe Future of Professionals 2025, que revela una división significativa entre las organizaciones* que han adoptado una estrategia de IA y las que no lo han hecho. El informe, basado en los aportes de 2.275 profesionales de todo el mundo en los ámbitos legal, de riesgo, cumplimiento, fiscal, contable, de auditoría y de comercio internacional, muestra que las organizaciones con estrategias de IA visibles tienen el doble de probabilidades que las que tienen enfoques de adopción más informales o ad hoc de experimentar un crecimiento de los ingresos como resultado directo o indirecto de la adopción de IA, y 3,5 veces más probabilidades de experimentar beneficios críticos de la IA, en comparación con aquellos que no tienen planes significativos de adopción. Sin embargo, a pesar de los beneficios claros, solo el 22% afirma que sus empresas tienen una estrategia de IA visible y definida, lo que significa que muchas organizaciones pueden estar perdiendo las ventajas de integrar estratégicamente la IA. Sin un plan coherente que alinee las iniciativas de IA con las prioridades de la organización, estas empresas corren el riesgo de quedarse atrás en el logro de rendimientos significativos y crecimiento competitivo.

A nivel mundial, los encuestados de todos los sectores también predicen que los profesionales que utilizan IA ahorrarán 5 horas semanales en el próximo año, frente a las 4 horas previstas en 2024, lo que desbloqueará una media de $19.000 dólares en valor anual por persona, según los resultados generales de nuestro estudio. Solo en Estados Unidos, esta eficiencia impulsada por IA podría traducirse en un impacto anual combinado de $32.000 millones de dólares para los sectores legal y de contadores públicos.

"La IA está dando forma al trabajo profesional, y aquellos que no se adapten corren el riesgo de quedarse atrás", dijo Steve Hasker, presidente y CEO de Thomson Reuters. "Nuestra investigación muestra que las organizaciones con estrategias de IA están viendo retornos de inversión importantes, mientras que las que no las tienen luchan por mantener el ritmo. La oportunidad de $32.000 millones de dólares en valor en Estados Unidos es una llamada de atención para que las organizaciones prioricen la adopción y la inversión estratégica en IA. Al desarrollar una estrategia para impulsar tanto la adopción de IA como la redistribución de las ganancias de productividad que esperamos desbloquear, las organizaciones lograrán una innovación sostenida, una excelencia operativa mayor y un crecimiento de ingresos, mientras empoderan a los profesionales no solo para ser más productivos, sino para mantenerse relevantes".

El informe destaca tres temas clave: Reduciendo la brecha entre la tecnología de hoy y los negocios del mañana; la adopción despareja de IA; y el profesional moderno. Los hallazgos clave incluyen:

Reduciendo la brecha: el 80% de los profesionales cree que la IA tendrá un impacto alto o transformador en su profesión en los próximos 5 años, pero sólo el 38% espera un cambio significativo en su propia organización este año. Más de la mitad (53%) de los profesionales dijeron que sus organizaciones ya están viendo el retorno de inversión como un resultado directo o indirecto de su adopción de IA, siendo la mejora de la eficiencia y la productividad los beneficios más comunes.

La adopción despareja: 3 de cada 10 profesionales dicen que sus organizaciones se están moviendo demasiado lento en la adopción de IA, y 4 de cada 10 organizaciones están adoptando la IA sin una estrategia. El informe revela una disparidad significativa en la adopción de IA, ya que algunas organizaciones experimentan beneficios significativos, mientras que otras luchan por implementar la IA de manera efectiva.

El profesional moderno: el 55% de los profesionales ha experimentado cambios significativos en su trabajo en el último año, o espera hacerlo en el próximo, y el 46% reporta brechas de habilidades en sus equipos, principalmente en competencias tecnológicas y de datos. El 88% de los profesionales está a favor de tener asistentes de IA específicos de la profesión, lo que destaca la creciente importancia de la IA en el trabajo profesional.

Para acceder al informe completo, visite https://www.thomsonreuters.com/en/c/future-of-professionals

Metodología:

La investigación se llevó a cabo en febrero y marzo de 2025 a través de una encuesta en línea a 2.275 profesionales de todo el mundo de los campos legal, fiscal, comercial, contable y de riesgo y cumplimiento, entre otros, empleados de corporaciones, firmas y agencias gubernamentales. Las geografías incluidas en la encuesta incluyen América del Norte, América Latina, Reino Unido, Europa y APAC.

*En este informe, organización es el término genérico utilizado para describir: i) firmas, para aquellas que ejercen la práctica privada; ii) corporaciones, para C-Suite corporativa; y iii) departamentos internos, para profesionales corporativos y gubernamentales.

Notas para el editor:

Los encuestados en nuestro estudio Future of Professionals 2025 predicen que el uso de IA ahorrará a los profesionales una media de 5 horas a la semana durante el próximo año, lo que supone un aumento respecto a las 4 horas previstas en 2024. Esta eficiencia mejorada representa un valor anual promedio de $19,000 dólares por profesional en nuestros diversos encuestados. Para el mercado estadounidense específicamente, estos ahorros de tiempo se traducen en un impacto acumulativo anual estimado de $20mil millones para el sector legal y $12mil millones de dólares para el sector de contadores públicos. Nuestro informe detalla con más detalle el importante valor impulsado por la IA en otros mercados globales clave.

Thomson Reuters – Invertir en Inteligencia Artificial

Thomson Reuters está a la vanguardia de la entrega de IA de nivel profesional, incluida la IA agéntica, en los campos legal, de impuestos, comercio, contabilidad, riesgo, fraude, cumplimiento y noticias. Thomson Reuters está cumpliendo con esto a través de su estrategia de “Build, Partner and Buy”, invirtiendo 200 millones de dólares anuales durante los próximos años para integrar la IA responsable en sus soluciones tecnológicas y de contenido insignia. 

Con miles de colegas empleados en el campo de la ciencia de datos, la ingeniería, los diseñadores y los especialistas y analistas de UX, Thomson Reuters ofrece una experiencia de GenAI confiable y segura para sus clientes. Las capacidades de IA generativa de la compañía se basan en más de 30 años de avances en tecnología de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural y más de 125 años de experiencia profesional. Todo esto respaldado por una colección completa de contenido mejorado editorialmente.

El compromiso de la compañía con la IA también se refleja en las estructuras de gobernanza integrales que cuenta con ellas, por ejemplo, en sus Principios de Ética de Datos e IA actualizados, que guían su enfoque para el desarrollo y la implementación de la IA. Con un enfoque en la responsabilidad, la seguridad y la transparencia, Thomson Reuters se dedica a crear soluciones de IA que no solo aumentan las capacidades profesionales, sino que también se adhieren a los más altos estándares éticos.

Thomson Reuters también está invirtiendo en programas de aprendizaje y desarrollo de IA para sus 26.000 colegas en todo el mundo, brindando capacitación continua y acceso a tecnología construida en línea con sus Principios de IA y Datos. Además, la organización creó trayectorias de Científico Distinguido e Ingeniería para garantizar que los colegas de Labs puedan seguir creciendo en sus carreras mientras ayudan a hacer crecer las soluciones de TR.

El 25.04.2025 la provincia de Salta publicó en su Boletín Oficial la Resolución General (DGR) N° 8/2025. Previo al análisis de la nueva Resolución, es necesario realizar un breve repaso de los antecedentes normativos que motivaron su sanción.

En el año 2009, el Poder Ejecutivo provincial sancionó el Decreto Nº 2419/2009, mediante el cual se había establecido un pago a cuenta del Impuesto a las Actividades Económicas (en adelante, “ISIB”). Previo a dicho Decreto, la DGR había emitido las Resoluciones Generales N° 9/2004 y 24/2006 en las cuales ya existían ciertos regímenes de pagos a cuenta del impuesto en cuestión.

Posteriormente, la DGR emitió la Resolución General N° 12/2016 mediante la cual se unificaron los regímenes mencionados, y se estableció un pago a cuenta del ISIB para: (i) productos determinados en la norma que ingresaran a la provincia, y (ii) cualquier producto que ingresara a 2 zonas fronterizas determinadas en la norma. Dicha norma establecía que el pago a cuenta debía ser abonado para los productos que tuvieran destino de comercialización en la provincia.

En dicho contexto, recientemente la provincia sancionó la Resolución N° 08/2025, mediante la cual se amplió el pago a cuenta en cuestión respecto de cualquier tipo de mercaderías o bienes que ingresaran al territorio provincial. Asimismo, se dispuso que el pago del anticipo debía ser realizado al momento de ingreso de la mercadería a la provincia, junto con la presentación de una DDJJ.

Por último, la norma en cuestión dispuso que la falta de pago del anticipo implicará un incumplimiento que será sancionado con la aplicación de una multa equivalente al 90% del impuesto determinado para el período fiscal en el cual se incumplió con dicha obligación.

Debe destacarse que la provincia de Salta no es la primera en implementar este tipo de pagos a cuenta del ISIB al momento del ingreso de mercaderías a su territorio provincial. En ese sentido, mediante el Decreto 2913/2007 y la Resolución General N° 56/2007 la provincia de Misiones ya había dispuesto la aplicación de un régimen de pago a cuenta del ISIB para las mercaderías provenientes de extraña jurisdicción, cuyo incumplimiento podría generar que no se permita el ingreso de la mercadería a la provincia o inclusive su decomiso.

De la normativa expuesta previamente se desprende que ambas provincias, disponen como requisito para ingresar mercaderías a su jurisdicción el pago a cuenta de un impuesto, lo que podría fácilmente interpretarse como una limitación a la libre circulación de mercaderías dentro del territorio nación (conf. art. 75, inc. 1, 10 y 13 de la Constitución Nacional), o una limitación a practicar la industria lícita (conf. art. 14 de la Constitución Nacional), o el establecimiento de una aduana interna (conf. art. 9, 11 y 126 de la Constitución Nacional).

En el año 2022 la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de expedirse en una medida cautelar solicitada por Loma Negra en el marco de una acción declarativa, respecto de la normativa de la provincia de Misiones.

En ese caso, la CSJN, luego de aceptar la demanda originaria interpuesta por la empresa, resolvió otorgar una medida cautelar a los fines de que la provincia de Misiones se abstuviera de reclamar el pago a cuenta del ISIB para las mercaderías que Loma Negra ingresara al territorio provincial.

Para otorgar la medida cautelar, nuestro Máximo Tribunal expuso que el régimen de pago a cuenta del ISIB para permitir el ingreso de mercadería desde extraña jurisdicción resultaba, prima facie, violatoria de la Constitución Nacional, en tanto interpretó el régimen como una barrera a la libre circulación de mercaderías en el territorio nacional, condicionando su ingreso al pago de un anticipo.  

La Corte recuerda que conforme los artículos 9, 10, 11, 75 inc. 1 y 10, y 126, solo el Congreso Nacional puede reglamentar el comercio interprovincial -e internacional-, por lo que se encuentra vedada la posibilidad de las provincias de constituir una aduana interior o derecho de paso de mercaderías.

Debe destacarse que en el año 2023, Loma Negra desistió de la acción declarativa por lo que no sabremos la opinión de la CSJN respecto de la inconstitucionalidad de la normativa misionera en cuestión.

Aunque no tendremos sentencia de fondo del Máximo Tribunal, la medida cautelar otorgada a la empresa adelanta una posible opinión respecto de que la normativa que dispone un pago a cuenta del ISIB para permitir el ingreso de la mercadería al territorio provincial sería violatoria de la Constitución Nacional por crear una aduana interna y vulnerar el derecho de libre circulación en el territorio nacional.

Por último, y de forma adicional a los derechos que vulneraría la normativa en cuestión, no debe perderse de vista que, para ciertos contribuyentes, el pago a cuenta podría resultar violatoria al derecho de propiedad como consecuencia de una posible acumulación de saldos a favor, los cuales suelen devolverse varios años después de su pedido.

Ante el escenario descripto, aquellos contribuyentes que vean vulnerados sus derechos a raíz de esta nueva normativa tendrían distintas vías de acción.

En primer lugar, los contribuyentes podrían interponer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza a los fines de obtener una declaración de inconstitucionalidad del mencionado régimen, solicitando a su vez una medida cautelar por la que se impida a la provincia exigir este pago a cuenta hasta tanto el tribunal se expida sobre la cuestión de fondo.

Por otro lado, los contribuyentes podrían intentar plantear una acción declarativa con medida cautelar por la vía local a los fines de que la Justicia Provincial de Salta se expida al respecto.

Por último, existe la posibilidad de que los contribuyentes soliciten los certificados de exclusión correspondientes, siempre y cuando cumplan con los requisitos normativos que la provincia establece a dicho fin. Sin embargo, la obtención de estos certificados tampoco aseguraría que el pago a cuenta del impuesto no sea reclamado. 

En efecto, debido a los diversos factores que podrían afectar la viabilidad y riesgos de las acciones, como así también el objetivo de los contribuyentes, se deberá realizar un análisis particular a los fines de decidir la vía adecuada en el caso concreto.  

Por Agustina Riggio Nifosi, Mercedes Sarobe y Tomás Balzano
Richards Cardinal Tützer Zabala & Zaefferer S.C.

En la causa "D., M. A, c/Servicio Privado de Transporte S.A. y otro s/Diferencias de salarios", la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió el recurso de apelación articulado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, pero rechazó la extensión de responsabilidad solicitada contra Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

El actor buscó extender la responsabilidad solidaria a Organización Coordinadora Argentina S.R.L., argumentando la existencia de un grupo económico. El juez de primera instancia señaló que no se cuestionó que Servicio Privado de Transporte S.A. fue la empleadora del actor, registrando la relación laboral, y que la única circunstancia invocada para la extensión de responsabilidad era un grupo económico, descrito de forma ambigua en la demanda.

Los magistrados, coincidiendo con la magistrada de primera instancia, sostuvieron que la declaración del testigo Sr. L. no fue suficiente para tener por acreditado un vínculo entre las accionadas que habilitara a considerar la existencia de un conjunto económico permanente, y menos aún que hubieran recurrido a una maniobra fraudulenta. Los camaristas enfatizaron que "no se puede fundar una decisión de condena en indicios, por más razonables que parezcan, si no son confirmados por otros elementos de juicio".

La mera probabilidad de la hipótesis de grupo económico resultó insuficiente para acoger la pretensión, cuyos presupuestos de hecho debieron ser probados "convincentemente, según las reglas de la sana crítica". 

Por todo lo expuesto, los Dres. González y Pesino resolvieron el pasado 4 de julio confirmar la sentencia apelada.

El juez federal Sebastián Casanello procesó al expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga irregularidades en el manejo de contratos de seguros durante su gestión. Se le imputa el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
El procesamiento fue por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” en el marco del expediente donde se busca determinar un posible entramado de fraude en torno a seguros contratados por organismos estatales a través de Nación Seguros, con millonarios pagos de comisiones a brokers que habrían actuado como intermediarios.