La motosierra también llegó a las marcas. El Gobierno de Javier Milei decidió que la TV Pública volverá a llamarse Canal 7, una denominación histórica que será presentada oficialmente el próximo 17 de octubre, exactamente cuando la televisión argentina cumpla 75 años desde su primera transmisión oficial. El relanzamiento incluirá además un nuevo logo y una renovación de la estética visual de la pantalla.
La decisión puede parecer, a primera vista, un simple cambio de identidad. Pero en el contexto de la política de medios desplegada por la administración libertaria, la modificación del nombre adquiere una dimensión política mucho mayor.
Porque el Gobierno no llega a este aniversario después de haber construido una nueva televisión estatal. Llega después de haber intervenido los medios públicos, reducido su estructura, cuestionado su función y sostenido una política que durante buena parte de la gestión tuvo como horizonte la privatización o el repliegue del Estado.
Volver al pasado para contar otra historia
El regreso de Canal 7 recupera la denominación con la que nació la primera emisora televisiva del país en 1951. La elección del 17 de octubre para presentar la nueva identidad tampoco es un dato menor: coincide con los 75 años de aquella primera transmisión.
Desde una perspectiva institucional, recuperar un nombre histórico puede presentarse como una reivindicación de los orígenes. Pero el cambio también puede leerse dentro de la disputa cultural que atraviesa al Gobierno de Milei.
La denominación “TV Pública” quedó instalada como identidad institucional en las últimas décadas. Ahora desaparece y vuelve una marca asociada a los primeros tiempos de la televisión argentina.
El gesto es simbólico: cambiar el nombre para cambiar el relato sobre el medio.
La decisión busca clausurar una etapa más que proyectar una política de futuro para el canal. Esa interpretación corresponde al enfoque editorial del medio y no constituye, por sí misma, una explicación oficial de las autoridades.
La discusión que queda debajo del logo
El problema es que una televisión pública no se define por el nombre que aparece en la esquina de la pantalla.
Se define por qué produce, para quién produce, cuánto contenido propio genera, qué cobertura federal garantiza, qué espacio les otorga a las provincias, a las universidades, a la cultura y a las organizaciones sociales y cuál es su función dentro del sistema democrático de medios.
Y allí aparece la verdadera discusión.
Desde febrero de 2024, Radio y Televisión Argentina permanece intervenida. El Gobierno prorrogó esa intervención hasta el 1 de febrero de 2027, según el Decreto 79/2026 publicado oficialmente. La norma señala que la transformación de la antigua sociedad estatal en una sociedad anónima forma parte del proceso de reorganización impulsado a partir del Decreto 70/2023.
Por eso, el cambio de nombre no ocurre en el vacío. Forma parte de una transformación institucional más amplia.
Del servicio público al mercado
La concepción libertaria sobre los medios estatales parte de una premisa conocida: el Estado no debería utilizar recursos públicos para sostener estructuras que, según esa visión, pueden ser desarrolladas por el sector privado.
Ese planteo aparece asociado a la política general del Gobierno de reducir la participación estatal en empresas y organismos públicos. En el caso de los medios, el proceso incluyó la transformación societaria y la intervención de Radio y Televisión Argentina.
El problema es que la lógica de mercado y la lógica de servicio público no necesariamente persiguen los mismos objetivos.
Un canal comercial necesita audiencia y rentabilidad. Un medio público, además de procurar eficiencia, puede tener otras obligaciones: garantizar cobertura de acontecimientos nacionales, producir contenidos culturales, transmitir eventos de interés general y ofrecer una pantalla que no dependa exclusivamente de la rentabilidad publicitaria.
Esa tensión atraviesa la discusión argentina desde hace décadas.
Una pantalla en disputa
El Gobierno de Milei llegó al poder prometiendo una profunda transformación del Estado. Los medios públicos quedaron rápidamente incluidos dentro de ese programa.
La Ley Bases llegó a contemplar mecanismos vinculados con la privatización de empresas estatales, aunque el Congreso estableció límites a ese proceso. En ese marco, la televisión estatal sobrevivió, pero quedó sometida a una profunda reestructuración.
Ahora llega el rebranding.
TV Pública desaparece como denominación y vuelve Canal 7.
La pregunta es qué vendrá después.
Porque cambiar un logo cuesta mucho menos que sostener una redacción periodística federal, financiar producción audiovisual propia, mantener corresponsalías en las provincias o desarrollar contenidos que difícilmente serían rentables para una señal comercial.
El desafío no está en la tipografía ni en la estética. Está en definir qué televisión quiere tener la Argentina.
El aniversario como escenario político
La elección de una fecha tan cargada de historia para presentar el nuevo nombre convierte al aniversario en algo más que una celebración.
El 17 de octubre de 1951 quedó registrado como el día de la primera transmisión oficial de televisión en Argentina. La fecha también está profundamente asociada con la historia política del peronismo, debido a la transmisión desde Plaza de Mayo de aquel acontecimiento fundacional.
Setenta y cinco años después, el Gobierno libertario pretende volver a aquel nombre originario.
La operación tiene una evidente potencia simbólica: regresar al pasado para construir una nueva identidad institucional.
Pero la historia de la televisión pública argentina no empieza ni termina con una marca. Tampoco pertenece a un gobierno determinado.
Es parte de una construcción colectiva que atravesó dictaduras, democracias, privatizaciones, reformas tecnológicas, gobiernos de distintos signos políticos y sucesivas transformaciones culturales.
La batalla cultural también se libra en la pantalla
Milei convirtió la llamada “batalla cultural” en uno de los ejes de su discurso político. En ese marco, los medios públicos constituyen un territorio especialmente sensible.
Para el oficialismo, modificar la identidad de la señal puede representar una manera de despegarla de etapas anteriores y recuperar una denominación histórica.
Para sus críticos, en cambio, se trata de una operación simbólica que desvía la discusión central: qué lugar tendrá el Estado en la comunicación audiovisual argentina.
Y esa pregunta resulta bastante más importante que saber si en pantalla aparecerá la palabra “Pública” o el número “7”.
Porque detrás de un cambio de nombre hay una discusión mucho más profunda: si la televisión estatal debe ser entendida como un servicio público, como una empresa que debe funcionar con criterios comerciales o como una estructura destinada, finalmente, a reducirse hasta dejarle al mercado la mayor parte del espacio audiovisual.
El 17 de octubre cambiará el logo.
La verdadera incógnita, sin embargo, será qué queda detrás de él.
