La decisión del Gobierno de Javier Milei de cancelar oficialmente el proyecto Atucha III marca un cambio de rumbo de fondo para la política energética argentina. No se trata solamente de una obra que queda en suspenso: se abandona el esquema de expansión nuclear asociado a financiamiento y tecnología china y, sobre el mismo terreno reservado para la central, se impulsa ahora un proyecto de capital privado con participación estadounidense.
La asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) resolvió dejar sin efecto los proyectos Candu y Hualong, vinculados a la construcción de nuevas centrales nucleares. El argumento formal fue la “falta de asignación de recursos económicos e imposibilidad material de cumplimiento”, en el marco de la emergencia pública establecida por la Ley Bases.
Pero la historia no termina allí. En la misma reunión se declaró de “Interés Empresarial” el predio destinado a Atucha III y se autorizó el llamado a licitación para instalar allí un reactor modular pequeño, con una inversión estimada en 1.203 millones de dólares y 100% de capital privado. El proyecto coincide con el reactor ACR-300 anunciado por la empresa Meitner Energy.
La paradoja es difícil de ignorar: donde durante años se proyectó una central nuclear de gran escala, asociada a un programa de desarrollo tecnológico e industrial, ahora se pretende instalar un emprendimiento privado de menor dimensión.
Del proyecto estratégico al negocio privado
Atucha III formaba parte de una estrategia de expansión del sistema nuclear argentino. El proyecto Hualong contemplaba tecnología china y un esquema de financiamiento mayoritariamente chino. Su cancelación supone, por lo tanto, mucho más que una modificación administrativa: implica redefinir las alianzas internacionales y el modelo de desarrollo de uno de los sectores tecnológicos más sofisticados del país.
El Gobierno sostiene otra mirada. Desde la Casa Rosada se viene defendiendo una nueva doctrina para el sector nuclear basada en la participación privada y en proyectos que, según el oficialismo, tengan viabilidad económica y comercial. En julio, el vocero presidencial Adrián Ravier había presentado el reactor modular como una iniciativa que permitiría incorporar tecnología de nueva generación con un costo nulo para el Estado.
El problema aparece cuando esa lógica se aplica a un sector que no se construye de un día para otro. Argentina acumuló durante décadas conocimientos, infraestructura, profesionales, investigadores y capacidades industriales que permitieron desarrollar una industria nuclear reconocida internacionalmente.
El interrogante es qué ocurre cuando el Estado deja de ocupar el lugar central que históricamente tuvo en esa construcción.
La geopolítica también juega
La cancelación de Atucha III ocurre en un contexto de creciente alineamiento del Gobierno argentino con Estados Unidos. El desplazamiento de China del proyecto nuclear no puede analizarse aislado de esa orientación internacional.
La nueva iniciativa está vinculada con Meitner Energy, una empresa de capitales estadounidenses, y que el proyecto anunciado coincide con una inversión de 1.203 millones de dólares.
Nicolás Malinovsky, especialista del sector energético citado por el diario, interpretó la decisión como un cambio respecto de la política de autonomía tecnológica que Argentina había sostenido durante décadas. Federico Basualdo, exsubsecretario de Energía Eléctrica, también cuestionó la cancelación y defendió el potencial expansivo que tenía el acuerdo anterior. Se trata, en ambos casos, de opiniones de especialistas críticos de la actual política oficial y deben leerse en ese marco.
Lo que queda planteado, más allá de las posiciones políticas, es una pregunta estratégica: ¿qué lugar quiere ocupar Argentina en el desarrollo nuclear internacional?
El ajuste llega al corazón del sistema nuclear
La cancelación de Atucha III tampoco aparece como un hecho aislado dentro del sector.
Durante la gestión de Milei fueron cuestionados y paralizados distintos proyectos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), entre ellos el CAREM, mientras se produjeron despidos y retiros de trabajadores especializados. El proceso de transformación de Nucleoeléctrica también se vinculó con los planes de privatización parcial de empresas públicas.
El propio Gobierno argumenta que se trata de una reorganización necesaria para reducir costos y aumentar la participación privada. Sus críticos sostienen, en cambio, que el ajuste está erosionando capacidades científicas y técnicas que fueron construidas durante décadas.
Y allí aparece uno de los puntos más sensibles: el conocimiento nuclear no se compra en una licitación como si fuera una maquinaria importada. Requiere universidades, institutos de investigación, formación profesional, infraestructura, empresas tecnológicas y una política de Estado sostenida durante décadas.
La privatización como horizonte
La situación de Nucleoeléctrica agrega otro capítulo al debate.
Un decreto publicado en septiembre de 2025 autorizó la privatización parcial de la empresa mediante un Programa de Propiedad Participada y la venta de acciones, aunque el propio texto oficial reconocía el desempeño operativo de la compañía y su récord de generación nuclear registrado en 2024.
En paralelo, sectores opositores cuestionaron el mecanismo utilizado para tasar activos estatales y denunciaron que Nucleoeléctrica habría sido valuada en cero bajo la metodología aplicada por el Gobierno. Es una acusación política que el oficialismo debería responder con documentación pública, especialmente porque se trata de activos estratégicos pertenecientes al Estado.
La discusión, entonces, excede a AtuchaIII
Está en juego qué se entiende por inversión. Para el Gobierno libertario, la inversión privada aparece como condición necesaria para que los proyectos avancen. Para quienes defienden el modelo estatal, en cambio, hay sectores donde la inversión pública no es un gasto improductivo sino la base sobre la cual luego puede desarrollarse actividad privada, exportaciones y transferencia tecnológica.
Una Argentina que cambia de modelo
La decisión sobre Atucha III funciona como una fotografía bastante precisa de la transformación que impulsa Milei.
Un proyecto de gran escala, asociado a financiamiento extranjero pero bajo conducción estatal, tecnología nuclear y desarrollo industrial argentino, queda archivado. En su lugar aparece un reactor modular promovido bajo un esquema de capital privado y con una fuerte presencia estadounidense.
El Gobierno puede presentar la decisión como una actualización del modelo nuclear argentino. Sus críticos la leen como una renuncia a una política de desarrollo tecnológico soberano.
Hay un dato que debería atravesar cualquier discusión seria: Argentina no empezó ayer a desarrollar tecnología nuclear. El país construyó durante décadas capacidades que pocos países de la región poseen. El desafío no es solamente decidir quién pone los dólares para construir el próximo reactor, sino determinar qué capacidades nacionales quedarán después de que esos dólares se hayan invertido.
La cancelación de Atucha III, por eso, no es solamente la cancelación de una obra. Es una definición política sobre el país que se pretende construir.
Y en el proyecto de Milei, una vez más, la palabra que aparece en primer plano es la misma: privatización.
La pregunta que queda abierta es otra: qué parte del conocimiento, de la tecnología y de la soberanía energética argentina está dispuesto a resignar el Estado para conseguirla.
