El juez federal Sebastián Ramos consideró que no se acreditó la existencia de un delito. La investigación había sido reabierta en 2025 y durante los últimos meses incorporó testimonios y documentación migratoria. El expediente había generado una fuerte disputa política alrededor del exmandatario boliviano.
La Justicia argentina puso punto final a una de las causas más controvertidas que involucraban a Evo Morales durante su estadía en el país. El juez federal Sebastián Ramos resolvió archivar las denuncias contra el expresidente de Bolivia por presunto abuso de menores y trata de personas, al concluir que no se acreditó la existencia del delito denunciado. Según informó un medio periodistico nacional, la decisión llegó después de una investigación que incluyó decenas de testimonios y el contraste de las acusaciones con registros migratorios.
Uno de los elementos centrales considerados por el magistrado fue la falta de pruebas que permitieran sostener que Morales hubiera convivido en la Argentina con menores de edad en las condiciones denunciadas. La pesquisa tampoco habría encontrado respaldo documental para una parte sustancial de los hechos que habían dado origen al expediente.
La resolución adquiere especial relevancia porque la causa no había tenido un recorrido lineal. En abril de 2025, la Sala I de la Cámara Federal porteña había revocado el primer archivo dispuesto por Ramos y ordenado profundizar la investigación. Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens habían considerado entonces que el cierre había sido prematuro y que correspondía avanzar con nuevas medidas de prueba.
De una denuncia a una investigación federal
El expediente se originó en denuncias vinculadas con la permanencia de Morales en Argentina después de su salida de Bolivia, a fines de 2019. El exmandatario había recibido asilo político durante el gobierno de Alberto Fernández, en un momento de enorme convulsión política en Bolivia.
La investigación apuntaba a determinar si durante ese período habían sido trasladadas al país adolescentes desde Bolivia y si alguna de ellas había convivido con Morales o había sido sometida a situaciones compatibles con los delitos denunciados.
La Fundación Apolo, vinculada al dirigente Yamil Santoro, impulsó una de las presentaciones y posteriormente fue reconocida como querellante por la Cámara Federal. El tribunal de apelaciones sostuvo que, dada la gravedad de las acusaciones, era necesario profundizar la pesquisa antes de disponer el cierre definitivo.
El expediente volvió a moverse durante 2026. En mayo, por ejemplo, el juez Ramos convocó nuevamente a integrantes de la Policía Federal que habían formado parte de la custodia de Morales durante su estadía en Argentina. La medida buscaba reconstruir las circunstancias de su permanencia en el país y verificar algunos de los elementos incluidos en las denuncias.
Testimonios, documentos y una acusación que no pudo sostenerse
La resolución conocida este viernes se apoya precisamente en el resultado de esa investigación ampliada. De acuerdo medios periodisticos, Ramos tomó decenas de declaraciones testimoniales y confrontó las distintas versiones con los registros migratorios disponibles.
El contraste entre esos elementos llevó al magistrado a descartar la hipótesis de que Morales hubiera convivido con menores en la Argentina tal como había sido denunciado. Por esa razón, la causa fue archivada bajo el argumento de inexistencia de delito.
El desenlace resulta significativo porque permite diferenciar dos momentos del expediente que durante meses aparecieron mezclados en el debate público: primero, la decisión judicial de reabrir una investigación para determinar si existían elementos suficientes para avanzar; después, el resultado de esa investigación, que ahora concluye con el archivo.
El contexto boliviano
El caso argentino se desarrolló paralelamente a otra investigación contra Morales en Bolivia, relacionada con una acusación diferente por presunta trata de personas vinculada con una menor durante su período presidencial. Ese expediente boliviano siguió un recorrido propio y durante 2026 generó nuevas decisiones judiciales y enfrentamientos políticos.
Morales ha rechazado las acusaciones y sostuvo que las investigaciones forman parte de una persecución política. Las autoridades judiciales bolivianas, por su parte, han sostenido una posición diferente respecto de ese expediente. Se trata, por lo tanto, de procesos distintos que no deben confundirse con la causa investigada en Argentina.
La diferencia es particularmente importante: el archivo dispuesto ahora por la Justicia argentina se refiere a las denuncias investigadas en territorio argentino y no constituye una resolución sobre las acusaciones que se tramitan en Bolivia.
Una causa atravesada por la política
Desde el comienzo, el expediente argentino quedó atrapado en la intensa disputa política que rodea a Morales desde su salida del poder en 2019. Su figura continúa dividiendo al escenario político boliviano y las denuncias judiciales se convirtieron también en parte de una batalla pública entre sus seguidores y sus adversarios.
En Argentina, además, la causa fue impulsada y amplificada por actores políticos que cuestionaban el tratamiento que había recibido Morales durante su permanencia en el país. La reapertura ordenada en 2025 le dio al expediente una nueva dimensión y obligó a la Justicia a realizar una investigación más amplia.
Ahora, después de meses de testimonios y verificaciones documentales, el juez Ramos concluyó que las acusaciones no pudieron ser corroboradas en los términos investigados. El archivo devuelve el expediente al lugar que corresponde en un Estado de derecho: el de una denuncia que debía ser investigada, pero que no puede convertirse en condena sin pruebas que acrediten la existencia de un delito.
La resolución, en definitiva, no borra la controversia política alrededor de Evo Morales. Pero sí establece un dato judicial concreto: en la Argentina, la investigación por las acusaciones de abuso de menores terminó sin acreditar el delito denunciado.
