Diputados prepara una sesión especial para el 15 de octubre. El rechazo al megadecreto que derogó la Ley de Tierras se mezclará con discapacidad, endeudamiento familiar y una movilización universitaria. El Gobierno necesita contener a los bloques provinciales y dialoguistas.
La decisión de la Corte Suprema de dejar nuevamente operativo el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras, produjo un efecto político que probablemente no estaba en los cálculos del Gobierno: volvió a poner al megadecreto en el centro de la escena parlamentaria.
Los bloques opositores de la Cámara de Diputados convocaron a una sesión especial para el 15 de octubre, con el objetivo de discutir el rechazo del DNU que Javier Milei firmó apenas asumió la Presidencia. La ofensiva no se limitará al régimen de tierras: el temario incorpora también proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad.
La estrategia tiene una lógica parlamentaria evidente. Para abrir la sesión hacen falta 129 diputados y los bloques que impulsan la convocatoria parten de alrededor de 111 firmas, por lo que necesitan sumar legisladores de espacios provinciales y dialoguistas. La incorporación de temas con fuerte impacto social busca ampliar ese espacio de acuerdos.
El dato político es que el DNU ya fue rechazado por el Senado en 2024, pero nunca consiguió completar su recorrido en Diputados. De concretarse una votación negativa en la Cámara baja, el decreto quedaría definitivamente rechazado bajo el mecanismo previsto para los DNU.
La tierra volvió a abrir la puerta que el Gobierno quería mantener cerrada
La controversia por la Ley de Tierras funciona como el detonante de una discusión mucho más amplia.
La norma sancionada en 2011 establecía, entre otras restricciones, que la titularidad extranjera no podía superar el 15 por ciento de las tierras rurales del país, de una provincia o de un municipio. El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó ese régimen.
Durante más de dos años, la aplicación de esa derogación permaneció judicializada. El reciente fallo de la Corte Suprema revocó una decisión de la Cámara Federal de La Plata que había frenado el artículo 154. El máximo tribunal aclaró luego que no se pronunció sobre la constitucionalidad del DNU, sino sobre la legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata para impulsar aquella demanda.
Pero la consecuencia concreta volvió a ser política: la derogación de la Ley de Tierras quedó operativa y el Congreso recuperó protagonismo.
La paradoja es que un fallo que la Corte presentó como una decisión estrictamente procesal terminó reabriendo una discusión que el oficialismo había intentado cerrar mediante un decreto.
El megadecreto que contiene mucho más que la Ley de Tierras
La discusión parlamentaria tampoco se reduce a la propiedad rural.
El DNU 70 modificó o derogó centenares de normas y se convirtió desde el comienzo del gobierno de Milei en una de las principales herramientas para avanzar con su programa de desregulación. Entre sus disposiciones aparecen modificaciones sobre alquileres, regulaciones económicas, empresas públicas, abastecimiento y distintos sectores de la economía.
Por eso, una eventual votación en Diputados no significaría solamente pronunciarse sobre la extranjerización de tierras. Implicaría revisar el conjunto del decreto.
Esa es precisamente una de las dificultades que enfrentan los sectores que buscan rechazarlo: hay legisladores que cuestionan la derogación de la Ley de Tierras, pero no necesariamente comparten una posición respecto de todas las reformas contenidas en el megadecreto.
La Casa Rosada intenta explotar esa diferencia.
La estrategia del Gobierno: separar los temas
Después del comunicado de la Corte, el oficialismo comenzó a trabajar sobre una hipótesis: separar el debate sobre las tierras del destino general del DNU.
La lógica es sencilla. Si el problema para algunos legisladores es exclusivamente la eliminación de las restricciones a la propiedad extranjera, el Gobierno buscará que puedan cuestionar esa decisión sin necesidad de votar contra todo el decreto.
Para la oposición, en cambio, el fallo abrió una oportunidad para volver a discutir integralmente el DNU.
La pelea, por lo tanto, ya no se limita a determinar qué ocurre con la Ley de Tierras. El verdadero escenario es el Congreso y la pregunta pasa a ser si los diputados están dispuestos a revisar una arquitectura normativa construida mediante un decreto de enorme alcance.
El quórum será la primera batalla
Antes de discutir un solo artículo, la oposición tendrá que conseguir que la sesión se inicie.
Los 129 diputados necesarios convierten a los bloques provinciales en protagonistas. Allí estará una de las claves de la jornada: no alcanza con la coincidencia entre Unión por la Patria, la izquierda y otros sectores opositores. El número final dependerá de quienes hasta ahora mantienen posiciones de negociación con el Poder Ejecutivo.
La sesión fue planteada para coincidir además con la Marcha Federal Universitaria, que tendrá al Congreso como uno de sus puntos centrales. De esta manera, la discusión parlamentaria y la movilización callejera podrían confluir el mismo día.
La presión social será, entonces, otro componente de una negociación que tendrá lugar dentro del recinto.
Los gobernadores, otra pieza del tablero
El resultado también puede depender de las posiciones de los gobernadores y de los diputados que responden a estructuras provinciales.
En Salta, por ejemplo, los diputados Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, integrantes de Argentina Federal y vinculados políticamente al gobernador Gustavo Sáenz, ya firmaron un proyecto que cuestiona los efectos del artículo 154 del DNU. Los tres anticiparon que darían quórum ante una eventual sesión especial, aunque eso no implica necesariamente que su voto sobre el decreto esté definido.
El antecedente salteño es significativo porque la discusión sobre la propiedad de la tierra tiene allí una dimensión territorial y estratégica particularmente sensible.
También en el Senado surgieron iniciativas destinadas específicamente a derogar el artículo 154 y restablecer la Ley de Tierras. Los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino presentaron un proyecto en ese sentido.
El Congreso vuelve así a convertirse en el escenario donde se define una disputa que había comenzado con una decisión del Poder Ejecutivo, pasado por los tribunales y regresado ahora al terreno legislativo.
Un viejo conflicto que vuelve con otro escenario
Hay una ironía institucional en toda la secuencia.
El Gobierno utilizó un DNU para modificar una legislación aprobada por el Congreso. La Justicia intervino y durante un tiempo frenó sus efectos. La Corte Suprema ahora dejó sin efecto aquella protección judicial por razones procesales. Y la oposición responde intentando que sea el propio Congreso el que termine rechazando el decreto.
Tres poderes, una misma disputa.
La discusión sobre la tierra funciona como símbolo de ese conflicto porque detrás de la propiedad rural aparecen cuestiones vinculadas con soberanía, recursos naturales, fronteras y capacidad regulatoria del Estado. Pero el expediente parlamentario que se abre ahora es bastante más grande: se trata de revisar el DNU que constituyó una de las piezas centrales del programa económico y regulatorio de Milei.
El 15 de octubre no será solamente una jornada para discutir tierras. Será, sobre todo, una prueba para determinar si la oposición consigue convertir el rechazo político al DNU en una mayoría parlamentaria efectiva.
Y también será una prueba para el oficialismo: deberá demostrar que conserva capacidad para sostener en Diputados una pieza normativa que el Senado ya rechazó y que, tres años después de su nacimiento, vuelve al centro de la disputa política.
