El Presidente aseguró que su Gobierno expulsó a 30.000 “terroristas” en los últimos dos años. Pero el relevamiento de la Procuración General de la Nación registra 92 causas federales vinculadas con delitos que podrían encuadrarse dentro del terrorismo. Los datos migratorios tampoco respaldan la cifra presidencial.
Javier Milei volvió a poner al terrorismo en el centro de su discurso político. Después de su viaje a Estados Unidos y en medio de las dificultades económicas que enfrenta su administración, el Presidente afirmó que durante 2025 y 2026 su Gobierno había expulsado del país a 30.000 terroristas: 10.000 durante el año pasado y otros 20.000 en lo que va de 2026.
El problema apareció inmediatamente después de la frase presidencial: los datos disponibles no permiten sostenerla.
Un relevamiento de la Procuración General de la Nación (PGN), al que accedió Página/12, contabiliza actualmente 92 causas en la Justicia federal por delitos que pueden considerarse vinculados con el terrorismo. La cifra está muy lejos de los 30.000 supuestos terroristas expulsados que mencionó Milei.
La diferencia no es un detalle estadístico. Se trata de magnitudes completamente distintas y de categorías que no pueden utilizarse indistintamente.
La cifra que no aparece en ningún registro
Milei afirmó que las personas expulsadas eran extranjeros que habían ingresado al país para “dinamitar el modelo argentino”. La declaración fue formulada en una entrevista televisiva, en la que el Presidente también aseguró haber enfrentado siete supuestos “intentos de golpe de Estado”, equiparando los pedidos de juicio político con intentonas golpistas.
La afirmación sobre los terroristas provocó pedidos de informes en el Congreso.
El diputado Maximiliano Ferraro solicitó al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones información que permita identificar a esas personas y conocer las razones de sus expulsiones. Otros legisladores también reclamaron explicaciones a los organismos de inteligencia.
Hasta ahora, los registros públicos conocidos no muestran una operación de semejante magnitud.
El número que el Gobierno intentó explicar
Frente a las preguntas periodísticas, el vocero presidencial Adrián Ravier intentó precisar las palabras de Milei.
Según explicó, un informe del Ministerio de Seguridad contabilizaba 20.630 personas extranjeras rechazadas al intentar ingresar al país entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026.
Pero esa cifra tampoco equivale a 20.630 terroristas.
El propio Ravier terminó describiendo a esas personas como individuos con “perfiles de riesgo”, personas condenadas, personas con penas detectadas o personas que no cumplían los requisitos para ingresar al país. Ante nuevas preguntas, amplió la categoría hasta hablar de “posibles terroristas” o personas que podían representar alguna amenaza para la seguridad nacional.
El problema es evidente: ser rechazado en una frontera no significa ser terrorista.
Una persona puede ser inadmitida por razones documentales, migratorias o administrativas sin que exista una acusación penal relacionada con terrorismo.
Lo que dicen los registros migratorios
Los números conocidos de Migraciones también muestran una realidad diferente.
Según datos obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública, durante 2024 se registraron 620 expulsiones de extranjeros por delitos contemplados en el Código Penal y 662 durante 2025. Esas categorías incluyen delitos de distinta naturaleza y no equivalen a terrorismo.
Los rechazos en frontera fueron mucho más numerosos: 15.800 durante 2024 y 16.684 en 2025. Pero esos rechazos corresponden a personas que, en muchos casos, ni siquiera llegaron a ingresar formalmente al país.
La comparación permite dimensionar el problema: los rechazos migratorios no pueden transformarse automáticamente en expulsiones y mucho menos en casos de terrorismo.
La Justicia tampoco muestra una amenaza de esa dimensión
La Procuración General cuenta desde 2018 con la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), encargada de relevar las causas relacionadas con este tipo de delitos.
El último informe público de la SAIT disponible hasta ahora correspondía a 2022 y registraba 33 investigaciones. El nuevo relevamiento al que accedió medios periodísticos contabiliza 92 causas vinculadas con figuras penales que pueden relacionarse con terrorismo.
El incremento merece atención, pero tampoco permite construir la cifra presidencial.
Actualmente existen 41 expedientes vinculados con el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona determinadas formas de asociación destinadas a imponer ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o el temor. Hay además 24 causas relacionadas con financiamiento del terrorismo y 27 en las que se aplica el artículo 41 quinquies, que permite duplicar penas cuando determinados delitos tienen una finalidad vinculada con aterrorizar a la población.
Son 92 expedientes, no 30.000 terroristas.
Y tampoco todas esas investigaciones corresponden a personas que hayan cometido actos terroristas.
Una figura penal utilizada en protestas
Uno de los aspectos que genera mayor controversia es la utilización del artículo 41 quinquies y otras figuras vinculadas con terrorismo en investigaciones originadas en protestas sociales.
Según la información publicada, recientemente el juez federal Ariel Lijo elevó a juicio una causa contra cuatro manifestantes detenidos durante protestas contra una reforma laboral. El fiscal Carlos Stornelli pidió que fueran juzgados por distintos delitos, agravados por el artículo 41 quinquies.
La utilización de esta figura en causas vinculadas con movilizaciones genera cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) cuestiona la constitucionalidad del artículo y señala, además, que la propia norma establece límites cuando las conductas investigadas ocurren en ejercicio de derechos humanos, sociales o constitucionales.
Esto agrega una dimensión política al debate: qué conductas deben considerarse amenazas terroristas y cuáles corresponden al ámbito de la protesta y la expresión política.
La migración convertida en amenaza
La asociación entre migración y terrorismo tampoco aparece aislada.
Durante los últimos meses, el Gobierno profundizó su discurso sobre seguridad nacional, fronteras y terrorismo. Milei creó además un Centro Nacional Antiterrorismo, con participación de organismos argentinos y cooperación con el FBI estadounidense.
La estrategia coincide con una agenda internacional en la que las políticas antiterroristas son utilizadas para ampliar mecanismos de vigilancia y seguridad.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha cuestionado esta tendencia y advertido sobre el riesgo de vincular automáticamente migración, protesta y terrorismo, señalando que bajo argumentos de seguridad nacional pueden ampliarse las facultades estatales y reducirse los mecanismos de control público.
El dato que tampoco confirma la SIDE
La explicación presidencial enfrenta además otra dificultad: las propias estructuras de inteligencia no han presentado públicamente una evidencia que permita respaldar la existencia de una amenaza terrorista de las dimensiones planteadas por Milei.
En una exposición ante el Congreso, funcionarios de la SIDE habían negado manejar una hipótesis específica sobre la existencia de grupos de “extrema izquierda” operando en el país.
Si existiera una operación de semejante magnitud —30.000 personas identificadas, calificadas como terroristas y expulsadas— sería esperable encontrar algún correlato documental en los organismos responsables de inteligencia, seguridad, migraciones y persecución penal.
Hasta ahora, ese correlato no aparece en los datos públicos.
La seguridad como argumento político
El discurso de Milei coloca el terrorismo dentro de una explicación más amplia sobre las dificultades que enfrenta su Gobierno.
Cuando se le pregunta por la falta de crecimiento económico o por las dificultades para consolidar su programa, el Presidente suele incorporar referencias a supuestas conspiraciones, enemigos externos, intentos de golpe y actores que buscarían impedir el funcionamiento de su modelo.
La denuncia de los 30.000 terroristas se inscribe en ese relato.
Pero una cosa es utilizar la seguridad como prioridad política y otra muy distinta es presentar como hecho comprobado una cifra que los registros disponibles no permiten verificar.
En este caso, incluso los números de la Justicia muestran una distancia enorme respecto de la afirmación presidencial.
Una cifra que queda sin explicación
La pregunta, entonces, permanece intacta: ¿de dónde salieron los 30.000 terroristas que, según Milei, fueron expulsados de la Argentina?
Ni las estadísticas migratorias conocidas, ni las causas judiciales relevadas por la Procuración, ni las explicaciones posteriores del vocero presidencial permiten reconstruir esa cifra.
Los datos muestran rechazos en frontera, expulsiones por diferentes delitos, investigaciones por figuras vinculadas al terrorismo y causas relacionadas con protestas sociales. Pero ninguna de esas categorías puede convertirse, sin evidencia adicional, en 30.000 terroristas.
Mientras el Congreso reclama información y la Justicia continúa tramitando causas bajo figuras cada vez más utilizadas en investigaciones por protesta, el Gobierno todavía tiene pendiente aportar la evidencia que permita transformar una declaración presidencial en un dato verificable.
Porque en materia de seguridad, inteligencia y terrorismo, las cifras no son solamente números: pueden definir políticas, habilitar nuevas facultades estatales y afectar derechos fundamentales. Por eso, antes de convertir una afirmación en verdad oficial, la pregunta más elemental sigue siendo la misma: ¿dónde están los datos?
