Luis Ángel Caro es un ingeniero salteño que también desarrolla una extensa actividad periodística. Su nombre adquirió notoriedad pública el 14 de noviembre de 2024, cuando fue detenido mientras regresaba a su domicilio.
La orden de detención fue solicitada por el fiscal Ramiro Ramos Ossorio y autorizada por la jueza de Garantías Sandra Espeche, en el marco de una denuncia por presunta desobediencia judicial e intimidación pública presentada por Jorge Nicolás Demitropulos, quien se desempeñaba como coordinador administrativo del Gobierno de la provincia de Salta.
Caro sostiene que aquella actuación constituyó una persecución contra un opositor mediático y político, y cuestiona la celeridad con la que se puso en funcionamiento el aparato judicial en su contra.
La medida se vinculaba con el supuesto incumplimiento de una sentencia de primera instancia dictada por el juez Martín Martínez y posteriormente confirmada por la Corte de Justicia de Salta. El expediente se había originado en una acción de amparo promovida por el gobernador Gustavo Sáenz y Jorge Nicolás Demitropulos, mediante la cual se procuraba que Caro cesara en la publicación de duras críticas contra la gestión provincial y de informaciones relacionadas con hechos de conocimiento público que involucraban a familiares de uno de los demandantes.
Según Caro, la presentación del amparo habría sido ideada y elaborada por el abogado Martín Poma Ovejero, quien cumple tres condenas por homicidio culposo en accidente de transito, falsificación de títulos y honores en la justicia federal, robo de una camioneta en galpon de transito municipal de la ciudad de Salta, estafas y falsificacion de instrumento público, etc.
Mientras estos acontecimientos se desarrollaban, Caro ya había recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En mayo de 2025, el procurador fiscal ante el máximo tribunal, Víctor Abramovich, emitió un dictamen favorable a su planteo y aconsejó hacer lugar al recurso federal y revocar la sentencia recurrida en la Causa CSJN N° 112 / 2023.
De acuerdo con la interpretación del Fiscal Abramovich, la sentencia de la Corte de Justicia de Salta, vulneraba la libertad de expresión y de prensa reconocida por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, al configurar un caso de censura previa.
No obstante, durante 2025 la Justicia salteña continuó convocando a Caro a audiencias preparatorias con vistas a una eventual elevación de la causa penal a juicio.
En enero de 2026, los abogados de Nicolás Demitropulos renunciaron a su patrocinio y el denunciante decidió retirar la acusación. Posteriormente, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, en representación del Ministerio Público Fiscal de Salta, desistió de continuar con la persecución penal.
Entre los fundamentos considerados por el Fiscal Ramiro Ramos Ossorio, se encontraban el retiro del denunciante y el dictamen favorable emitido por Víctor Abramovich ante la Corte Suprema. La continuidad del proceso, según se argumentó, podía profundizar el perjuicio ocasionado a Caro y afectar la libertad de prensa, de acuerdo con los fundamentos del Fiscal Abramovich, expuestos en el expediente correspondiente.
En febrero de 2026, Caro fue notificado de su sobreseimiento definitivo, tras el retiro de la totalidad de los cargos penales formulados en su contra. En cuanto a la acción de amparo promovida por Sáenz y Demitropulos, resta conocer el pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Paralelamente, durante la pandemia y los años posteriores, el periodista se dedicó a consolidar y ampliar sus medios de comunicación, con especial atención al crecimiento en las redes sociales.
Actualmente, su multimedio está integrado por cinco sitios web y reúne, según las estadísticas, una comunidad de más de 2,5 millones de seguidores en plataformas digitales.
