La Cámara alta aprobó por 38 votos contra 8 la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El nuevo esquema restringe el beneficio automático a la Patagonia, la Puna y Malargüe, mientras que en otras regiones quedará condicionado a criterios sociales y de ingresos. La medida impactará en hogares de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, San Luis y también en distintas localidades del norte argentino.
El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves una nueva victoria legislativa con la sanción de la reforma del régimen de Zonas Frías, una modificación que reduce el alcance de los subsidios al consumo de gas y cambia los criterios para acceder al beneficio en buena parte del país.
El proyecto fue aprobado por el Senado con 38 votos a favor y 8 en contra, después de un debate atravesado por la decisión del bloque peronista de retirarse del recinto. Con la sanción definitiva, el esquema vigente desde la ampliación de 2021 queda parcialmente desarmado y el descuento automático por criterio climático se concentra nuevamente en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
La modificación forma parte de la política energética del oficialismo, que busca reducir el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas. El cambio, sin embargo, tendrá un efecto directo sobre las facturas de millones de usuarios que hasta ahora contaban con una reducción tarifaria por residir en zonas consideradas de bajas temperaturas.
Del beneficio general al subsidio focalizado
El régimen de Zonas Frías había sido creado en 2002 para compensar el mayor consumo energético de las regiones sometidas a temperaturas extremas. Originalmente comprendía a la Patagonia, la Puna y Malargüe.
En 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Ley 27.637 amplió considerablemente la cobertura. Más de 230 departamentos de 14 provincias fueron incorporados a partir de parámetros bioambientales, incluyendo localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis y otras jurisdicciones.
Hasta ahora, el beneficio contemplaba una reducción general del 30 por ciento sobre el componente de gas de la factura y una bonificación mayor para determinados usuarios vulnerables.
La nueva legislación modifica esa lógica. Para las regiones incorporadas durante la ampliación de 2021, el descuento dejará de ser automático por vivir en una zona fría y pasará a depender principalmente de la situación socioeconómica del hogar.
Entre los criterios establecidos aparece un límite de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales del INDEC. También se contemplan situaciones específicas vinculadas con hogares registrados en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con discapacidad, bajo las condiciones previstas por el nuevo esquema.
Un mapa que vuelve a achicarse
El cambio tendrá una fuerte incidencia territorial.
En la provincia de Buenos Aires, numerosas ciudades que habían sido incorporadas al régimen dejarán de contar con el beneficio general. Entre ellas aparecen Bahía Blanca, Necochea, Tandil, Olavarría, Azul, Pergamino, General Pueyrredón, Pinamar, Villa Gesell y otras localidades.
En Córdoba, la reforma alcanza a departamentos que también habían ingresado al esquema ampliado. En Santa Fe, localidades como Rosario quedarán fuera del beneficio climático general. La misma situación se extiende a distintas zonas de La Pampa, Mendoza y San Luis.
El impacto también llegará al norte argentino. En Salta, entre los departamentos y localidades alcanzados por la modificación aparecen Cafayate, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma, San Carlos y Salta capital, de acuerdo con el relevamiento publicado durante el debate legislativo.
De esta manera, una reforma presentada como una reorganización del sistema de subsidios tendrá consecuencias diferenciadas según el lugar de residencia y, cada vez más, según los ingresos de cada hogar.
La discusión por el precio final
Uno de los puntos centrales del nuevo régimen está en la forma en que se calculará el subsidio.
En las zonas que mantienen la cobertura, el beneficio dejará de aplicarse sobre el conjunto de componentes que conforman la factura y quedará concentrado en el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), correspondiente al costo del gas antes de su transporte y distribución.
Esto significa que incluso en las regiones que conservan el régimen de Zona Fría habrá cambios en el mecanismo de descuento.
El debate, por lo tanto, no termina con la sanción de la ley. La pregunta que queda abierta es cuánto terminarán pagando los hogares en las próximas facturas y cuál será el impacto efectivo durante los meses de mayor consumo.
El argumento del Gobierno
El oficialismo sostiene que la reforma apunta a ordenar el sistema de subsidios y concentrar los recursos públicos en quienes realmente los necesitan.
Desde esa perspectiva, mantener una reducción tarifaria únicamente por lugar de residencia es considerado insuficiente para identificar la capacidad económica de cada usuario. El nuevo esquema busca trasladar parte de esa lógica hacia un sistema focalizado en ingresos y vulnerabilidad social.
Durante el debate, distintos senadores oficialistas defendieron la necesidad de revisar la expansión realizada en 2021 y sostuvieron que el sistema anterior generaba diferencias entre usuarios según la región en la que vivían.
La discusión fiscal constituye uno de los ejes de la política económica del Gobierno de Milei: reducir el gasto público y limitar los subsidios forma parte de su estrategia para alcanzar el equilibrio de las cuentas del Estado.
Provincias y usuarios cuestionan el impacto
La oposición y distintos gobiernos provinciales cuestionaron el alcance de la reforma y advirtieron que el cambio puede traducirse en aumentos significativos en las boletas.
La Defensoría del Pueblo bonaerense había estimado que 1,24 millones de hogares de 94 municipios podrían verse afectados por la modificación y señaló la posibilidad de incrementos importantes en las facturas para quienes pierdan el beneficio.
En La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto sostuvo que alrededor de 136 mil familias podrían quedar sin el subsidio y planteó que las modificaciones generarían aumentos de entre 40 y 60 por ciento para determinados usuarios. Se trata de una estimación atribuida al mandatario provincial y referida al impacto esperado de la reforma.
En Córdoba también hubo cuestionamientos desde sectores políticos que advirtieron sobre la pérdida del beneficio para cientos de miles de usuarios. La magnitud definitiva del impacto dependerá, entre otros factores, de la reglamentación y de la situación particular de cada hogar.
Una ley que abre una nueva disputa por los subsidios
La sanción de la reforma modifica una política que durante más de dos décadas buscó compensar el mayor costo energético de las regiones sometidas a bajas temperaturas.
El nuevo esquema cambia esa concepción: el criterio geográfico pierde peso en buena parte del territorio y gana protagonismo la focalización según ingresos y condiciones sociales.
El oficialismo presenta el cambio como parte del ordenamiento del sistema energético y de su política de reducción del gasto. Sus críticos advierten, en cambio, que trasladar una mayor proporción del costo del gas a los hogares puede profundizar las diferencias entre regiones y aumentar la presión sobre los presupuestos familiares.
La consecuencia concreta comenzará a verse en las facturas. Allí, más que en el debate parlamentario, quedará expuesto cuánto representa para cada hogar la desaparición de un subsidio que durante años estuvo asociado simplemente al lugar donde vivía.
