En una maniobra marcada por la opacidad y el desprecio por los mínimos estándares éticos de la función pública, Patricia Bullrich logró colar en el Senado la designación de Gerardo Milman, exdiputado señalado en la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, esquivando el veto político de Karina Milei y aprovechando el caos institucional de una sesión clave.
Mientras el oficialismo negociaba a las apuradas la aprobación del presupuesto y el Congreso funcionaba como un escenario de transacciones cruzadas, Bullrich operó en las sombras para que el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, firmara el nombramiento de Milman como director de Relaciones con las Provincias. El cargo, otorgado sin debate ni explicaciones públicas, le garantizará un salario cercano a los tres millones de pesos mensuales.
La designación no solo burló una decisión política explícita del núcleo duro del poder libertario, sino que se concretó de manera sigilosa: Milman habría permanecido “escondido” en un despacho del anexo del Senado mientras desfilaban por el edificio figuras centrales del oficialismo, en una postal que resume el deterioro de las prácticas institucionales. El trámite se cerró mediante un memo administrativo —el 89869/2025— ingresado con el usuario de Abdala, evitando cualquier instancia de control o transparencia.
Milman, hombre de extrema confianza de Bullrich durante su paso por el Ministerio de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, es una figura ampliamente cuestionada. La oposición peronista lo señala como uno de los presuntos ideólogos del atentado del 1° de septiembre de 2022 contra la entonces vicepresidenta. Esa sombra lo obligó a un llamativo silencio durante el final de su mandato legislativo y fue el motivo central por el cual Karina Milei vetó su continuidad política.
Bullrich, sin embargo, se negó a aceptar ese límite. No pudo garantizarle una banca, ni un cargo en Migraciones, pero insistió hasta encontrarle un refugio rentado en el Senado, utilizando su influencia para imponer una designación que erosiona la credibilidad de las instituciones y expone una lógica de premios políticos al margen de toda ética pública.
El episodio también deja expuesto a Abdala, un dirigente que intenta sobrevivir en el delicado equilibrio entre la Casa Rosada y la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras su cargo es disputado por operadores del oficialismo. En ese contexto de fragilidad interna, el Senado vuelve a ser utilizado como botín, y los cargos públicos como moneda de pago.
Lejos de cualquier compromiso con la transparencia, el mérito o la responsabilidad institucional, la designación de Milman confirma que, detrás del discurso de renovación, persisten las viejas prácticas: acuerdos a puertas cerradas, funcionarios cuestionados reciclados y una ética pública subordinada a la conveniencia del poder.
