La publicación de más de 8.000 nuevos documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos volvió a poner en evidencia no solo la magnitud del caso Jeffrey Epstein, sino también las zonas oscuras que el poder político intentó administrar, minimizar o directamente ocultar durante años. Entre los archivos difundidos, emerge un dato políticamente explosivo: Donald Trump habría viajado en el jet privado de Epstein en al menos ocho oportunidades entre 1993 y 1996, varias más de las que se conocían hasta ahora.
La información surge de un correo interno fechado el 7 de enero de 2020, enviado por un fiscal del distrito sur de Nueva York, que contradice de manera directa los intentos del entorno de Trump por reducir o diluir su vínculo con el financista condenado por tráfico sexual. Según ese intercambio, Trump figura como pasajero en ocho vuelos, cuatro de ellos junto a Ghislaine Maxwell, la principal colaboradora de Epstein, condenada en 2021 por su rol central en la red de explotación sexual.
Los documentos revelan además detalles inquietantes que refuerzan la gravedad del vínculo. En uno de los vuelos de 1993, los únicos pasajeros registrados fueron Epstein y Trump. En otro, ambos viajaron junto a una mujer de alrededor de 20 años, cuya identidad aparece tachada en los archivos oficiales. No se trata de rumores ni de versiones periodísticas, sino de registros internos del propio sistema judicial estadounidense, ahora liberados por imperativo legal.
Estos correos forman parte del cuarto lote de los denominados “archivos Epstein”, una masa documental que ya supera las 300.000 páginas y que incluye expedientes judiciales, archivos del FBI, documentos del Departamento de Justicia, fotografías, videos y material de prensa vinculados a las actividades criminales de Epstein y a su muerte en 2019 bajo custodia federal, en circunstancias que aún generan desconfianza social.
El intento del gobierno de “cerrar” el tema queda expuesto en la estrategia comunicacional posterior a la publicación: desviar la atención hacia otras figuras públicas, como Bill Clinton, cuyas imágenes fueron activamente difundidas por la Casa Blanca para correr el foco mediático. La maniobra no es nueva ni ingenua. Busca amortiguar el impacto político que estos documentos tienen sobre Trump, especialmente entre sectores de su base que durante años creyeron en teorías conspirativas impulsadas por el propio expresidente, que señalaban exclusivamente a los demócratas como responsables de los vínculos con Epstein.
La divulgación forzada de estos archivos, lejos de clausurar el caso, vuelve a poner en primer plano una verdad incómoda: la relación entre poder, impunidad y silencios selectivos. El problema ya no es solo quiénes aparecen en las fotos o en las listas de pasajeros, sino cómo el Estado administró durante décadas información sensible, dosificó la transparencia y permitió que figuras centrales del establishment político eludieran el escrutinio público.
Lo que estos documentos exponen no es únicamente un entramado criminal, sino también una crisis ética profunda: la de un sistema que protege a los poderosos, relativiza vínculos comprometedores y solo abre sus archivos cuando ya no puede seguir ocultándolos.
