La investigación judicial sobre las maniobras cambiarias de Sur Finanzas avanzó en las últimas horas sobre un actor clave del sistema financiero con vínculos directos con la política libertaria. La jueza federal María Romilda Servini ordenó una serie de allanamientos que pusieron bajo la lupa al Banco de Valores, entidad propiedad de Juan Napoli, ex candidato a primer senador nacional por La Libertad Avanza.
Según la causa, que analiza operaciones realizadas durante el gobierno anterior, el esquema consistía en obtener dólares al tipo de cambio oficial a través del Banco Central y luego volcarlos al mercado informal, aprovechando la brecha cambiaria para obtener ganancias inmediatas de hasta un 50 por ciento. Las maniobras se habrían llevado a cabo mientras estaba vigente el cepo cambiario.
De acuerdo a fuentes judiciales consultadas, la magistrada considera que el Banco de Valores habría funcionado como uno de los principales canales financieros para articular el circuito investigado en torno a Sur Finanzas. La entidad aparece señalada como una pieza central en el flujo de fondos que permitió concretar las operaciones bajo análisis, lo que refuerza el interés de la Justicia en su rol dentro del esquema.
El dato adquiere especial relevancia política por la figura de Napoli, propietario del banco y dirigente que integró la oferta electoral de Javier Milei. Aunque la investigación se centra en hechos previos a la actual gestión, la conexión entre una entidad financiera bajo investigación y un ex candidato de La Libertad Avanza abre interrogantes sobre los vínculos entre el espacio político y operadores del sistema financiero involucrados en maniobras irregulares.
El expediente se originó a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), construida sobre reportes del Banco Central de la República Argentina. Del análisis del circuito financiero surge que 18 casas de cambio adquirieron dólares a través de dos bancos entre enero y octubre de 2023, período en el que se concentró el grueso de las operaciones investigadas.
El volumen total bajo análisis ronda los 1.400 millones de dólares, una cifra que da dimensión del alcance de las maniobras y explica la magnitud del despliegue judicial ordenado por Servini. Mientras la causa avanza, el foco ya no está solo en Sur Finanzas, sino también en el entramado financiero y político que habría permitido que el negocio funcionara sin interferencias durante meses.
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