En un movimiento que combina ajuste fiscal con negociación política, la Jefatura de Gabinete autorizó un incremento del 280% para el Poder Judicial, mientras el Renaper enfrenta una nueva ola de renuncias y sospechas.

​BUENOS AIRES – El inicio de 2026 está marcado por una profunda reconfiguración del Estado nacional. Bajo la premisa de "eficiencia o salida", el Gobierno de Javier Milei ha encarado una semana de decisiones contrapuestas: por un lado, un recorte severo en la estructura jerárquica de organismos descentralizados; por el otro, una inyección de fondos multimillonaria para el Poder Judicial que busca garantizar la “paz social” con los tribunales.

​La "Caja" de la Justicia: Un aumento récord

​En una decisión que despertó suspicacias en los sectores de la oposición, la Jefatura de Gabinete formalizó un incremento presupuestario del 280% para el Poder Judicial de la Nación tras un proceso de diálogo entre el Poder Ejecutivo y las máximas autoridades judiciales. El acuerdo alcanzado se estableció según el monto calculado por el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación para reforzar los fondos que garanticen la operatividad de los tribunales federales y nacionales a lo largo y ancho del país.

Desde el Consejo de la Magistratura destacaron el resultado positivo de las conversaciones para obtener mayores recursos, destinados a cubrir gastos de infraestructura, tecnología y otros requerimientos operativos del sistema judicial. La asignación de fondos fue autorizada por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, con la Decisión Administrativa 1/2026, publicada en el Boletín Oficial el 20 de enero pasado. Con esta decisión el gobierno de Milei le otorga $28.973.850.716 en concepto de crédito presupuestario dentro del inciso 4, correspondiente a bienes de uso, del presupuesto del Consejo de la Magistratura. Recordemos que el pasado 27 de agosto el Plenario de la Magistratura aprobó, con 15 votos afirmativos, el presupuesto proyectado para el Poder Judicial de la Nación correspondiente al año 2026, por un monto que asciende a $2.007.943.778.229. Ese refuerzo representa una suba del 280% en ese rubro si lo comparamos con lo establecido originalmente por la ley de Presupuesto N°27.798.

Esta cifra multimillonaria, que supera los 2 billones de pesos, tiene como objetivo principal cubrir el desfasaje salarial acumulado durante el último año. ​"Es una medida para normalizar el funcionamiento de los tribunales federales", indicaron fuentes oficiales. Sin embargo, analistas políticos ven en este movimiento un "gesto de distensión" hacia la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura en un año donde el Ejecutivo espera fallos clave sobre las reformas estructurales de la economía y laborales.

​Crisis y renuncias en el Renaper

​Mientras el presupuesto judicial sube de manera exponencial, otros organismos viven horas de máxima tensión. El Registro Nacional de las Personas (Renaper) se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras la salida de sus máximas autoridades en enero.

​Los motivos detrás de la inestabilidad en el organismo que emite los DNI y pasaportes se dividen en tres ejes:

​Internas por el control de datos: La disputa entre el Ministerio del Interior y el de Seguridad por la órbita del organismo generó un clima de parálisis administrativa.

​Licitaciones bajo lupa: La necesidad de renovar insumos importados para la confección de documentos ha puesto bajo sospecha varios contratos directos.

​Purga jerárquica: Siguiendo el plan de desregulación, se busca eliminar hasta el 35% de los cargos políticos dentro del ente.

​Intervenciones y "limpieza" administrativa

​El Renaper no es un caso aislado. Organismos como ENARGAS, la UIF y el INTI han pasado por procesos similares de intervención o recambio de cúpulas. Desde el Ministerio de Desregulación aseguran que las renuncias responden a la falta de adaptación de los funcionarios al "ritmo de la motosierra", que exige una reducción drástica del gasto operativo.

​Dato Clave: El presupuesto para el Poder Judicial pasó de ser una partida de emergencia en 2025 a representar uno de los mayores desembolsos nominales de la administración actual para el ejercicio 2026.

Está acusado de abuso sexual y los consejeros votaron para que continúe el proceso en su contra.

El Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles en la comisión de Disciplina el avance de las denuncias por abuso sexual y maltrato laboral contra el juez Patricio Maraniello hasta la comisión de Acusación, con el voto de 9 de sus miembros.

El magistrado cobró trascendencia cuando dictó la cautelar a favor de Karina Milei para que los medios de comunicación no divulgaran el contenido de los presuntos audios en que la hermana del Presidente arengaba a la tropa libertaria, en medio del escándalo por las coimas de la Andis. El gobierno había conseguido una cautelar express cuando presentó una denuncia por "violación a la ley de inteligencia interior" y consiguió la censura por vía judicial.

Maraniello fue denunciado no solo por una de sus víctimas sino también por sus compañeros. En los pasillos de tribunales, los trabajadores pegaron afiches que reproducían las acusaciones, que iban desde acoso sexual y violencia de género hasta maltrato.

Bajo la presidencia del abogado César Grau, la comisión de Disciplina concentró los expedientes contra Maraniello y los unificó, algo que fue resistido por Alberto Lugones, consejero en representación de los jueces.

El ex presidente Alberto Fernández atribuyó su procesamiento en la causa Seguros a una “decisión judicial que fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso”.
“Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”, expresó el ex mandatario desde sus redes sociales.
Por otro lado el fiscal federal Ramiro González dio por cerrada la investigación por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y comenzó los trámites de consulta a su defensa y a la querella de Fabiola Yañez para el envío del caso a juicio oral.
"Sin perjuicio de que las partes consideren que aún restan por producirse medidas de prueba, esta representación del Ministerio Público Fiscal entiende que se han materializado todas aquellas pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario respecto de la participación que le cabe a Alberto Ángel Fernández por los hechos que le fueron imputados y por los que se encuentra procesado", explicó el dictamen del fiscal.
El fiscal consideró que "se debe dar por concluida la instrucción del sumario" e iniciar los pasos para sortear el caso ante un tribunal oral. Al respecto se notificó a la defensa y a la querella y una vez concluida la ronda de consultas se resolverá sobre el envío del expediente a juicio.
La fiscalía explicó que "durante el trámite de la instrucción se produjeron las medidas de prueba pertinentes a los efectos de corroborar o descartar las hipótesis delictivas".
"En tal dirección, respetando el principio de igualdad de armas, fueron llevadas a cabo las diligencias propuestas tanto por la defensa como por la querella tendientes a verificar o descartar los hechos denunciados o algunas aristas de los mismos", agregó.
En cambio, "fueron descartadas las inconducentes y todas aquellas dirigidas a dilucidar cuestiones que no se encuentran controvertidas en autos o que puedan ser realizadas en una posterior etapa del proceso".
Al respecto destacó que "se debe reparar en la metodología que tienen los hechos ilícitos en contexto de violencia de género del caso y las circunstancias domésticas y reservadas en las que se produjeron" y remarcó que no se autorizaron medidas de prueba que " pudiesen resultar re-victimizantes para con la denunciante".
El ex presidente está procesado y embargado por diez millones de pesos por lesiones contra Yañez en un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder" entre ambos desde 2016 hasta agosto de 2024.

El fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, descartó la posibilidad de que haya una acción coordinada de parte de esos grupos, aunque reconoció que la principal línea de investigación es que el fuego fue provocado.

Cabe mencionar que el domingo, el Ministerio de Seguridad aseguró en un posteo de X que "los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental".

Mas allá de las declaraciones del fiscal, Patricia Bullrich insistió con esa hipótesis al afirmar "Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas. La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas", en un posteo en sus redes.

Para el fiscal, además, los focos de incendio no fueron parte de un accionar organizado o ligado a intereses inmobiliarios y apuntó a "un loco" quien los provocó. Díaz Mayer reveló que se encontraron indicios de materiales acelerantes donde se habría iniciado uno de los incendios.

Por el momento la Justicia de Chubut desmiente las versiones del gobierno de Javier Milei que vincula a grupos mapuches como responsables de la catástrofe que esta padeciendo la provincia.

Su abogado dijo que los audios son falsos. En Comodoro Py aclaran que no fueron tomados como prueba.

Diego Spagnuolo compareció este miércoles ante el juez Sebastián Casanello, en el marco de la citación a declaración indagatoria que reclamó el fiscal Franco Picardi por la investigación de las coimas de la Andis.

Sin embargo, el exdirector de la agencia no emitió palabra. "Se negó a declarar y responder preguntas", dijo una fuente judicial.

El abogado Mauricio D'Alessandro, tercer representante legal de Spagnuolo desde que explotó el caso, se limitó a decir que los audios con la voz de su defendido ventilando el escándalo "son falsos". "Fueron producidos con inteligencia artificial", habría dicho.

Fuentes al tanto de la causa explicaron que los audios nunca se tomaron como material probatorio.

En efecto, el dictamen de la Fiscalía publicado el viernes pasado se basó en la reconstrucción de "la trama de corrupción" protagonizada por funcionarios del gobierno y agentes externos vinculados a las droguerías, a través de la información contenida en teléfonos celulares, computadoras y libertas o cuadernos incautados durante los allanamientos.

Thomson Reuters (Nasdaq/TSX: TRI), empresa global de contenido y tecnología, publicó hoy su informe Future of Professionals 2025, que revela una división significativa entre las organizaciones* que han adoptado una estrategia de IA y las que no lo han hecho. El informe, basado en los aportes de 2.275 profesionales de todo el mundo en los ámbitos legal, de riesgo, cumplimiento, fiscal, contable, de auditoría y de comercio internacional, muestra que las organizaciones con estrategias de IA visibles tienen el doble de probabilidades que las que tienen enfoques de adopción más informales o ad hoc de experimentar un crecimiento de los ingresos como resultado directo o indirecto de la adopción de IA, y 3,5 veces más probabilidades de experimentar beneficios críticos de la IA, en comparación con aquellos que no tienen planes significativos de adopción. Sin embargo, a pesar de los beneficios claros, solo el 22% afirma que sus empresas tienen una estrategia de IA visible y definida, lo que significa que muchas organizaciones pueden estar perdiendo las ventajas de integrar estratégicamente la IA. Sin un plan coherente que alinee las iniciativas de IA con las prioridades de la organización, estas empresas corren el riesgo de quedarse atrás en el logro de rendimientos significativos y crecimiento competitivo.

A nivel mundial, los encuestados de todos los sectores también predicen que los profesionales que utilizan IA ahorrarán 5 horas semanales en el próximo año, frente a las 4 horas previstas en 2024, lo que desbloqueará una media de $19.000 dólares en valor anual por persona, según los resultados generales de nuestro estudio. Solo en Estados Unidos, esta eficiencia impulsada por IA podría traducirse en un impacto anual combinado de $32.000 millones de dólares para los sectores legal y de contadores públicos.

"La IA está dando forma al trabajo profesional, y aquellos que no se adapten corren el riesgo de quedarse atrás", dijo Steve Hasker, presidente y CEO de Thomson Reuters. "Nuestra investigación muestra que las organizaciones con estrategias de IA están viendo retornos de inversión importantes, mientras que las que no las tienen luchan por mantener el ritmo. La oportunidad de $32.000 millones de dólares en valor en Estados Unidos es una llamada de atención para que las organizaciones prioricen la adopción y la inversión estratégica en IA. Al desarrollar una estrategia para impulsar tanto la adopción de IA como la redistribución de las ganancias de productividad que esperamos desbloquear, las organizaciones lograrán una innovación sostenida, una excelencia operativa mayor y un crecimiento de ingresos, mientras empoderan a los profesionales no solo para ser más productivos, sino para mantenerse relevantes".

El informe destaca tres temas clave: Reduciendo la brecha entre la tecnología de hoy y los negocios del mañana; la adopción despareja de IA; y el profesional moderno. Los hallazgos clave incluyen:

Reduciendo la brecha: el 80% de los profesionales cree que la IA tendrá un impacto alto o transformador en su profesión en los próximos 5 años, pero sólo el 38% espera un cambio significativo en su propia organización este año. Más de la mitad (53%) de los profesionales dijeron que sus organizaciones ya están viendo el retorno de inversión como un resultado directo o indirecto de su adopción de IA, siendo la mejora de la eficiencia y la productividad los beneficios más comunes.

La adopción despareja: 3 de cada 10 profesionales dicen que sus organizaciones se están moviendo demasiado lento en la adopción de IA, y 4 de cada 10 organizaciones están adoptando la IA sin una estrategia. El informe revela una disparidad significativa en la adopción de IA, ya que algunas organizaciones experimentan beneficios significativos, mientras que otras luchan por implementar la IA de manera efectiva.

El profesional moderno: el 55% de los profesionales ha experimentado cambios significativos en su trabajo en el último año, o espera hacerlo en el próximo, y el 46% reporta brechas de habilidades en sus equipos, principalmente en competencias tecnológicas y de datos. El 88% de los profesionales está a favor de tener asistentes de IA específicos de la profesión, lo que destaca la creciente importancia de la IA en el trabajo profesional.

Para acceder al informe completo, visite https://www.thomsonreuters.com/en/c/future-of-professionals

Metodología:

La investigación se llevó a cabo en febrero y marzo de 2025 a través de una encuesta en línea a 2.275 profesionales de todo el mundo de los campos legal, fiscal, comercial, contable y de riesgo y cumplimiento, entre otros, empleados de corporaciones, firmas y agencias gubernamentales. Las geografías incluidas en la encuesta incluyen América del Norte, América Latina, Reino Unido, Europa y APAC.

*En este informe, organización es el término genérico utilizado para describir: i) firmas, para aquellas que ejercen la práctica privada; ii) corporaciones, para C-Suite corporativa; y iii) departamentos internos, para profesionales corporativos y gubernamentales.

Notas para el editor:

Los encuestados en nuestro estudio Future of Professionals 2025 predicen que el uso de IA ahorrará a los profesionales una media de 5 horas a la semana durante el próximo año, lo que supone un aumento respecto a las 4 horas previstas en 2024. Esta eficiencia mejorada representa un valor anual promedio de $19,000 dólares por profesional en nuestros diversos encuestados. Para el mercado estadounidense específicamente, estos ahorros de tiempo se traducen en un impacto acumulativo anual estimado de $20mil millones para el sector legal y $12mil millones de dólares para el sector de contadores públicos. Nuestro informe detalla con más detalle el importante valor impulsado por la IA en otros mercados globales clave.

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Thomson Reuters está a la vanguardia de la entrega de IA de nivel profesional, incluida la IA agéntica, en los campos legal, de impuestos, comercio, contabilidad, riesgo, fraude, cumplimiento y noticias. Thomson Reuters está cumpliendo con esto a través de su estrategia de “Build, Partner and Buy”, invirtiendo 200 millones de dólares anuales durante los próximos años para integrar la IA responsable en sus soluciones tecnológicas y de contenido insignia. 

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La investigación judicial sobre las maniobras cambiarias de Sur Finanzas avanzó en las últimas horas sobre un actor clave del sistema financiero con vínculos directos con la política libertaria. La jueza federal María Romilda Servini ordenó una serie de allanamientos que pusieron bajo la lupa al Banco de Valores, entidad propiedad de Juan Napoli, ex candidato a primer senador nacional por La Libertad Avanza.

Según la causa, que analiza operaciones realizadas durante el gobierno anterior, el esquema consistía en obtener dólares al tipo de cambio oficial a través del Banco Central y luego volcarlos al mercado informal, aprovechando la brecha cambiaria para obtener ganancias inmediatas de hasta un 50 por ciento. Las maniobras se habrían llevado a cabo mientras estaba vigente el cepo cambiario.

De acuerdo a fuentes judiciales consultadas, la magistrada considera que el Banco de Valores habría funcionado como uno de los principales canales financieros para articular el circuito investigado en torno a Sur Finanzas. La entidad aparece señalada como una pieza central en el flujo de fondos que permitió concretar las operaciones bajo análisis, lo que refuerza el interés de la Justicia en su rol dentro del esquema.

El dato adquiere especial relevancia política por la figura de Napoli, propietario del banco y dirigente que integró la oferta electoral de Javier Milei. Aunque la investigación se centra en hechos previos a la actual gestión, la conexión entre una entidad financiera bajo investigación y un ex candidato de La Libertad Avanza abre interrogantes sobre los vínculos entre el espacio político y operadores del sistema financiero involucrados en maniobras irregulares.

El expediente se originó a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), construida sobre reportes del Banco Central de la República Argentina. Del análisis del circuito financiero surge que 18 casas de cambio adquirieron dólares a través de dos bancos entre enero y octubre de 2023, período en el que se concentró el grueso de las operaciones investigadas.

El volumen total bajo análisis ronda los 1.400 millones de dólares, una cifra que da dimensión del alcance de las maniobras y explica la magnitud del despliegue judicial ordenado por Servini. Mientras la causa avanza, el foco ya no está solo en Sur Finanzas, sino también en el entramado financiero y político que habría permitido que el negocio funcionara sin interferencias durante meses.

ARGENTINA 24

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió avanzar con la ejecución de más de 80 propiedades para cubrir el monto actualizado de $685.000 millones por la Causa Vialidad. La medida alcanza también a Lázaro Báez.

La Justicia Federal ordenó avanzar con el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario patagónico Lázaro Báez para cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados en la causa Vialidad.

En total, la medida alcanza a más de 80 propiedades de Báez y sus empresas; un terreno en Santa Cruz de la expresidenta de poco más de 6000 metros cuadrados y una veintena de inmuebles que fueron cedidos en su momento a Máximo y Florencia Kirchner, cuyo origen la Justicia determinó que está relacionado con el fraude al Estado que se juzgó en la causa. 

Los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, habían elaborado a pedido del Tribunal una lista en la que identificaban más de 140 bienes "decomisables" que habían sido adquiridos por los condenados entre 2003 y 2015 el período juzgado en la causa con cuya ejecución la Justicia podía comenzar a cobrarse los casi $685.000 millones.

El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de "forma solidaria" por el monto actualizado que dispuso el TOF 2 venció el 13 de agosto de este año. Pero el decomiso de los bienes, sin embargo, quedó empantanado en plazos y presentaciones de las partes.

El 25.04.2025 la provincia de Salta publicó en su Boletín Oficial la Resolución General (DGR) N° 8/2025. Previo al análisis de la nueva Resolución, es necesario realizar un breve repaso de los antecedentes normativos que motivaron su sanción.

En el año 2009, el Poder Ejecutivo provincial sancionó el Decreto Nº 2419/2009, mediante el cual se había establecido un pago a cuenta del Impuesto a las Actividades Económicas (en adelante, “ISIB”). Previo a dicho Decreto, la DGR había emitido las Resoluciones Generales N° 9/2004 y 24/2006 en las cuales ya existían ciertos regímenes de pagos a cuenta del impuesto en cuestión.

Posteriormente, la DGR emitió la Resolución General N° 12/2016 mediante la cual se unificaron los regímenes mencionados, y se estableció un pago a cuenta del ISIB para: (i) productos determinados en la norma que ingresaran a la provincia, y (ii) cualquier producto que ingresara a 2 zonas fronterizas determinadas en la norma. Dicha norma establecía que el pago a cuenta debía ser abonado para los productos que tuvieran destino de comercialización en la provincia.

En dicho contexto, recientemente la provincia sancionó la Resolución N° 08/2025, mediante la cual se amplió el pago a cuenta en cuestión respecto de cualquier tipo de mercaderías o bienes que ingresaran al territorio provincial. Asimismo, se dispuso que el pago del anticipo debía ser realizado al momento de ingreso de la mercadería a la provincia, junto con la presentación de una DDJJ.

Por último, la norma en cuestión dispuso que la falta de pago del anticipo implicará un incumplimiento que será sancionado con la aplicación de una multa equivalente al 90% del impuesto determinado para el período fiscal en el cual se incumplió con dicha obligación.

Debe destacarse que la provincia de Salta no es la primera en implementar este tipo de pagos a cuenta del ISIB al momento del ingreso de mercaderías a su territorio provincial. En ese sentido, mediante el Decreto 2913/2007 y la Resolución General N° 56/2007 la provincia de Misiones ya había dispuesto la aplicación de un régimen de pago a cuenta del ISIB para las mercaderías provenientes de extraña jurisdicción, cuyo incumplimiento podría generar que no se permita el ingreso de la mercadería a la provincia o inclusive su decomiso.

De la normativa expuesta previamente se desprende que ambas provincias, disponen como requisito para ingresar mercaderías a su jurisdicción el pago a cuenta de un impuesto, lo que podría fácilmente interpretarse como una limitación a la libre circulación de mercaderías dentro del territorio nación (conf. art. 75, inc. 1, 10 y 13 de la Constitución Nacional), o una limitación a practicar la industria lícita (conf. art. 14 de la Constitución Nacional), o el establecimiento de una aduana interna (conf. art. 9, 11 y 126 de la Constitución Nacional).

En el año 2022 la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de expedirse en una medida cautelar solicitada por Loma Negra en el marco de una acción declarativa, respecto de la normativa de la provincia de Misiones.

En ese caso, la CSJN, luego de aceptar la demanda originaria interpuesta por la empresa, resolvió otorgar una medida cautelar a los fines de que la provincia de Misiones se abstuviera de reclamar el pago a cuenta del ISIB para las mercaderías que Loma Negra ingresara al territorio provincial.

Para otorgar la medida cautelar, nuestro Máximo Tribunal expuso que el régimen de pago a cuenta del ISIB para permitir el ingreso de mercadería desde extraña jurisdicción resultaba, prima facie, violatoria de la Constitución Nacional, en tanto interpretó el régimen como una barrera a la libre circulación de mercaderías en el territorio nacional, condicionando su ingreso al pago de un anticipo.  

La Corte recuerda que conforme los artículos 9, 10, 11, 75 inc. 1 y 10, y 126, solo el Congreso Nacional puede reglamentar el comercio interprovincial -e internacional-, por lo que se encuentra vedada la posibilidad de las provincias de constituir una aduana interior o derecho de paso de mercaderías.

Debe destacarse que en el año 2023, Loma Negra desistió de la acción declarativa por lo que no sabremos la opinión de la CSJN respecto de la inconstitucionalidad de la normativa misionera en cuestión.

Aunque no tendremos sentencia de fondo del Máximo Tribunal, la medida cautelar otorgada a la empresa adelanta una posible opinión respecto de que la normativa que dispone un pago a cuenta del ISIB para permitir el ingreso de la mercadería al territorio provincial sería violatoria de la Constitución Nacional por crear una aduana interna y vulnerar el derecho de libre circulación en el territorio nacional.

Por último, y de forma adicional a los derechos que vulneraría la normativa en cuestión, no debe perderse de vista que, para ciertos contribuyentes, el pago a cuenta podría resultar violatoria al derecho de propiedad como consecuencia de una posible acumulación de saldos a favor, los cuales suelen devolverse varios años después de su pedido.

Ante el escenario descripto, aquellos contribuyentes que vean vulnerados sus derechos a raíz de esta nueva normativa tendrían distintas vías de acción.

En primer lugar, los contribuyentes podrían interponer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza a los fines de obtener una declaración de inconstitucionalidad del mencionado régimen, solicitando a su vez una medida cautelar por la que se impida a la provincia exigir este pago a cuenta hasta tanto el tribunal se expida sobre la cuestión de fondo.

Por otro lado, los contribuyentes podrían intentar plantear una acción declarativa con medida cautelar por la vía local a los fines de que la Justicia Provincial de Salta se expida al respecto.

Por último, existe la posibilidad de que los contribuyentes soliciten los certificados de exclusión correspondientes, siempre y cuando cumplan con los requisitos normativos que la provincia establece a dicho fin. Sin embargo, la obtención de estos certificados tampoco aseguraría que el pago a cuenta del impuesto no sea reclamado. 

En efecto, debido a los diversos factores que podrían afectar la viabilidad y riesgos de las acciones, como así también el objetivo de los contribuyentes, se deberá realizar un análisis particular a los fines de decidir la vía adecuada en el caso concreto.  

Por Agustina Riggio Nifosi, Mercedes Sarobe y Tomás Balzano
Richards Cardinal Tützer Zabala & Zaefferer S.C.

La hermana del Presidente pidió la designación de Gonzalo Roca. LPO había anticipado la preocupación de la Casa Rosada por las causas Andis y Libra.

Karina Milei instruyó al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, para que postule al legislador Gonzalo Roca como representante del oficialismo por la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura, en reemplazo de la radical Susana Reyes, quien cumplió su mandato este miércoles. Con ese movimiento, la secretaria general de la Presidencia terminó de meterse a pleno en la Justicia, algo que la desvela hace tiempo por el avance de las investigaciones judiciales por la estafa de la cripto Libra y las coimas de la Andis.

Karina aspira a controlar la Justicia y había encargado al apoderado del partido La Libertad Avanza, Santiago Viola, que interviniera ante el Poder Judicial para impedir que los casos escalen hasta ella en la determinación de responsabilidades penales.

Además, la hermana del Presidente le pidió a Mariano Cúneo Libarona que permanezca al frente del Ministerio de Justicia hasta que defina un sucesor, pese a que el mediático abogado había adelantado su renuncia al cargo. En rigor, ese pedido de Karina obedece a la cruda interna que mantiene con el asesor Santiago Caputo, con quien habría acordado una tregua hasta marzo sin afectarle posiciones de poder.

En efecto, Caputo cuenta con el segundo de Cúneo Libarona en Justicia, Sebastián Amerio, quien además ejerce la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Cuando se oficialice el nombramiento de Roca en el órgano que controla, designa y juzga a los jueces, Karina contará con un hombre y el consultor político de Javier Milei con otro.

El macrismo pedirá a la Justicia que declare la inconstitucionalidad del reparto de los cargos en la AGN. Furia con el riojano.

En el PRO están furiosos con Martín Menem por el pacto con el kirchnerismo para repartirse los tres cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN) y preparan una presentación judicial para que se declare la inconstitucionalidad.

Fuentes del PRO contaron que el tema este mediodía estaba siendo analizado por los abogados y estaban preparando la presentación para declarar la inconstitucionalidad de las designaciones en la AGN.

El reparto de los auditores se concretó esta madrugada en medio de un escándalo con los bloques que quedaron afuera del reparto, como el PRO, la UCR, Provincias Unidas y la izquierda. Pero Menem avanzó con la votación y enseguida le tomó juramento a los nuevos auditores: Rita Mónica Almada (LLA), Juan Ignacio Forlón (La Cámpora) y Pamela Caletti (que responde al salteño Sáenz).

Antes de que Menem avance con la moción para habilitar el tratamiento de las designaciones, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, le advirtió que la maniobra era inconstitucional y lo acusó de falta de códigos y traición.

Ritondo mandó a Menem a leer el artículo 65 de la Constitución y le avisó que se van a presentar en la Justicia. "No se puede tratar. ¿En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara para esto? No es de competencia porque no está citada por el Ejecutivo", dijo respecto al temario que mandó Milei.

El jefe del bloque del PRO le explicó a Menem que por fuera del temario únicamente se pueden tratar cuestiones de funcionamiento de la Cámara, cuestiones de privilegio, juras o elección de autoridades. "La AGN es un órgano de control externo cuya función excede el funcionamiento interno del Congreso", leyó Ritondo un texto que dijo le mandaron los abogados del equipo de Menem. "No se puede tratar, es anticonstitucional", remarcó.

El argumento de Menem es que la AGN es parte del funcionamiento del Congreso, pero Ritondo lo expuso contando lo que le mandaron de su propio equipo. Es por esto que incluso hay algunos abogados del PRO que dicen que a Menem lo podrían denunciar por abuso de autoridad, una idea que por ahora no prospera.

Además del frente judicial, la bronca por la jugada de Menem tendrá impacto político en las próximas sesiones. En el PRO dijeron a LPO que el riojano va a tener que conseguir el quórum solo y ya no lo ayudarán como hasta ahora. 

Los amarillos dicen que Menem los traicionó y que ahora están liberados para jugar sin ningún compromiso, lo que significa que votarán lo que estén de acuerdo pero sin darles quórum. "Que busque quórum con sus aliados los gobernadores peronistas del Norte", sostienen. En el PRO saben que a Menem no le fue fácil conseguir quórum y recién lo consiguió con el apoyo de Provincias Unidas.

En la causa "D., M. A, c/Servicio Privado de Transporte S.A. y otro s/Diferencias de salarios", la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió el recurso de apelación articulado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, pero rechazó la extensión de responsabilidad solicitada contra Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

El actor buscó extender la responsabilidad solidaria a Organización Coordinadora Argentina S.R.L., argumentando la existencia de un grupo económico. El juez de primera instancia señaló que no se cuestionó que Servicio Privado de Transporte S.A. fue la empleadora del actor, registrando la relación laboral, y que la única circunstancia invocada para la extensión de responsabilidad era un grupo económico, descrito de forma ambigua en la demanda.

Los magistrados, coincidiendo con la magistrada de primera instancia, sostuvieron que la declaración del testigo Sr. L. no fue suficiente para tener por acreditado un vínculo entre las accionadas que habilitara a considerar la existencia de un conjunto económico permanente, y menos aún que hubieran recurrido a una maniobra fraudulenta. Los camaristas enfatizaron que "no se puede fundar una decisión de condena en indicios, por más razonables que parezcan, si no son confirmados por otros elementos de juicio".

La mera probabilidad de la hipótesis de grupo económico resultó insuficiente para acoger la pretensión, cuyos presupuestos de hecho debieron ser probados "convincentemente, según las reglas de la sana crítica". 

Por todo lo expuesto, los Dres. González y Pesino resolvieron el pasado 4 de julio confirmar la sentencia apelada.

Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti organizaron una ceremonia ante camaristas y jueces de primera instancia.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti homenajearon este martes a los camaristas que dictaron sentencia en el juicio a las Juntas Militares el 9 de diciembre de 1985, ante la acordada de los magistrados de la Cámara Federal, integrada por Mariano Llorens, Eduardo Farah, Roberto Boico, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun. "Aún en las situaciones más adversas, hay que hacer lo que hay que hacer siempre y eso significa que hay que hacer lo correcto", dijo el presidente de la Corte Suprema después de consignar los desafíos para la "Justicia transicional" en la Argentina de la posdictadura.

Rosatti consignó que la conducta de los seis jueces que fallaron contra los uniformados hace 40 años dieron "una lección". Y en modo Gustavo Ceratti, concluyó: "por haber combatido el mal absoluto, gracias eternas".

Fuentes judiciales comentaron que los cortesanos mandaron a pintar las columnas y la fachada de los balcones que dan al Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio de Tribunales, para agasajar a León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráos y Guillermo Ledesma, además de hacer lo mismo en memoria de Jorge Torlasco y Andrés D'Alessio.

La ceremonia se extendió por más de 90 minutos y reunió a jueces de la Cámara de Casación Penal, camaristas federales de primera instancia, abogados, académicos y periodistas. En la primera fila se los podía ver a Mariano Borinsky, a quien le adjudican chances de coronar como candidato a la Procuración General, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, pero también tenían reservada su silla el ex juez Juan Carlos Maqueda y Carlos Beraldi, representante legal de Cristina Kirchner. "Hoy tenemos un día de paz pero mañana volvemos a la trinchera", le dijo a LPO el abogado, en referencia a sus cuestionamientos al Poder Judicial por las causas que involucran a la expresidenta.

En representación de los camaristas que promovieron la iniciativa, tomó la palabra Llorens, que atribuyó a los jueces premiados "valentía, equilibrio y responsabilidad para juzgar los hechos de la dictadura". "El fallo es un hito en la historia institucional del país: seis hombres se mantuvieron inalterables de cara a los acusados, las víctimas y una sociedad entera", expresó y agregó: "la coyuntura nos coloca en soledad frente a situaciones que están más allá del conocimiento jurídico".

A su turno, Lorenzetti dijo que el sexteto había "elevado el prestigio de la institución". "No solo firmaron una sentencia sino que también produjeron un texto que forma parte de la memoria de los argentinos", planteó.

Con el escándalo de dos jueces investigados por corrupción, el titular de la Corte dijo que hay tramas entre magistrados, medios de comunicación y empresarios.

El presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, dijo que desde lo más alto del Poder Judicial tienen en foco los escándalos en Rosario, donde este año hay en curso causas penales por corrupción contra dos magistrados, en una jurisdicción que se distingue por las tramas entre factores de poder que mezclan a empresarios, medios de comunicación y algunos jueces.

Con el planteo de Rosatti resonando, el Consejo de la Magistratura decidió este miércoles avanzar en medidas contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, que está imputado de haber pedido un soborno para ordenar al BCRA que le vendiera 10 millones de dólares a un fideicomiso para pagar una deuda con una empresa del exterior, cuando regía el cepo cambiario.

Ese fideicomiso lo administraba el financista Fernando Whpei, quien a la vez está imputado junto al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque por una extorsión contra un agente de Bolsa, que tiene además como partícipes señalados al ex director regional de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna y al lobista judicial Santiago Busaniche, conectado al mundo de los servicios de inteligencia.

En el marco de estas causas en pleno trámite, el hecho de que el presidente del máximo tribunal argentino hablara de esto fue un mensaje contundente para toda la Justicia Federal de Rosario que durante mucho tiempo tuvo un proceder opaco y omisivo, en especial contra el comercio de drogas que convirtió a la ciudad a partir de 2013 en la más violenta de la Argentina. El ministro de la Corte dijo que ante este proceso cada uno debe definir "de qué lado está".

Rosatti recordó que hace tres años estuvo en Rosario en un acto de abrazo a magistrados de la Justicia Federal donde estuvieron referentes judiciales de todo el país, junto al gobernador, senadores y diputados. "Estaba toda la política, toda la Justicia, estaban las universidades. Ahí yo dije: «Quiero saber de qué lado está cada uno porque esto es un entramado muy muy complejo y no hay neutrales, el que se dice neutral es cómplice». Y dije también ahí que me llamaba mucho la atención que no lleguen casos de narcotráfico a la Corte, es como que todo el mundo estuviera conforme con las sentencias de primero o de segunda instancia".

Afirmó que desde entonces empezó a verse un cambio y que hubo en los últimos dos años unas cien condenas contra actores del narcotráfico. "Y empezó a verse una investigación del propio Poder Judicial respecto de una trama que involucraba jueces". Rosatti indicó que desde la Corte se colocó un reflector sobre esa red donde están "el empresariado, algunos decían medios de comunicación, eventualmente jueces" y probablemente con alguna protección de afuera de la provincia.

El juez federal Sebastián Casanello procesó al expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga irregularidades en el manejo de contratos de seguros durante su gestión. Se le imputa el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
El procesamiento fue por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” en el marco del expediente donde se busca determinar un posible entramado de fraude en torno a seguros contratados por organismos estatales a través de Nación Seguros, con millonarios pagos de comisiones a brokers que habrían actuado como intermediarios.

Los jueces consideraron que el recurso "no se dirige contra sentencia definitiva". En las próximas horas, se sumaría una querellante bielorrusa.

La Corte Suprema desestimó este jueves un recurso extraordinario presentado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, principales implicados en la estafa de la criptomoneda Libra, para apartar a los querellantes representados por el diputado Juan Grabois. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti concluyeron que "el recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra sentencia definitiva".

La investigación, que está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, busca determinar la cadena de responsabilidades en la estafa, después que el propio Javier Milei promoviera la compra de ese activo financiero por Twitter el 14 de febrero de este año. 

El caso motivó, incluso, la creación de una comisión investigadora en el Congreso, donde a los diputados opositores les resultó difícil romper la neutralización que mantuvieron los libertarios con ayuda del PRO y los radicales.

Sin embargo, los legisladores elaboraron un informe con hallazgos que revelan un esquema en el que estarían involucrados funcionarios del gobierno para atraer inversores por un corto espacio de tiempo y hacer un rug pull (tirar de la alfombra, por su terminología en inglés) para llevarse los fondos.

La causa estaba originalmente en manos de la jueza María Servini, quien rechazó la solicitud de Juan Marchetto, Matias Paris y Alan Vega para ser tenidos como parte querellante. Los afectados están representados por Nicolás Rechanik, Juan Grabois y Carolina Palacio Roitbarg.

Más tarde, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó esa decisión. "El derecho a adquirir legitimación activa no puede depender ni de la demostración de la existencia de ciertos acontecimientos, ni de su probabilidad más o menos próxima. Debe partirse de la hipótesis de los acusadores, sea que a la postre resulte corroborada o no", dijeron los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

La Justicia investiga a Guillermo Tofoni y Foster Gillet por las operaciones con Estudiantes de la Plata, el club que preside Juan Sebastián Verón.

 El abanderado de Milei para la privatización de fútbol fue imputado por lavado de dinero. La Justicia investiga a Guillermo Tofoni y Foster Gillet por las operaciones con Estudiantes de la Plata, el club que preside Juan Sebastián Verón.

Mientras el gobierno avanza contra el Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, un empresario muy cercano al gobierno quedó imputado en una causa por lavado de dinero.

El fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff investiga junto al juez Marcelo Aguinsky una denuncia del fiscal Guillermo Marijuán contra los empresarios cercanos al gobierno.

Tofoni se convirtió en el embajador de Milei para impulsar las SAD en el fútbol. Muy cercano a Daniel Scioli, el empresario fue quien trajo al multimillonario Foster Gillet y lo juntó con Verón.

Gillet se comprometió a invertir decenas de millones de dólares en Estudiantes y como prueba de amor compró al mediocampista de Boca Cristian Medina y se lo cedió al Pincha. El norteamericano pagó 15 millones de dólares, una cifra por demás elevada para la proyección de Medina.

Gillet también había llegado a acuerdos por los pases de Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, pero las operaciones se cayeron. Fue el principio de la debacle: el empresario desapareció sin cumplir su acuerdo con Estudiantes y dejando al club de La Plata con una elevada masa salarial.

La huída de Gillet también hirió el proyecto de las SAD y el gobierno puso en pausa la iniciativa. Ahora el fiscal ordenó el levantamiento del secreto fiscal tanto de Foster como de Tofoni y el secreto bancario de los dos clubes involucrados (Boca y Estudiantes).

Se trata de los planteos de Dragonetti, Balan y Loson. Apelaban a que las coimas pasaran como aportes de campaña.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este jueves una serie de recursos de un grupo de empresarios que reclamaban que sus casos fueran analizados por la justicia electoral, al asegurar que el dinero que entregaron durante el kirchnerismo eran, en realidad, aportes de campaña no formalizados.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó las presentaciones de las defensas de los empresarios Hugo Dragonetti, Jorge Mauricio Balan y Armando Loson. 

De hecho, Loson se acogió a la figura de arrepentido y denunció que parte de las menciones que se hacían sobre él en los cuadernos del chofer Oscar Centeno habían sido adulteradas.

La decisión de la Corte estuvo fundada en que las presentaciones que no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Es la misma respuesta que ya recibieron en las últimas semanas más de una treintena de planteos que buscaban cuestionar distintos aspectos del grupo de causas que comenzó a juzgarse a inicios de noviembre ante el Tribunal Oral Federal 7, con la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios en el banquillo de los acusados.

Ante el TOF 7, la defensa de Loson sostuvo que las entregas de dinero que el directivo de la firma Albanesi SA reconoció haber efectuado en la causa se circunscribieron a aportes de campaña electorales para 2013 y 2015 y que esos pagos no implicaron un beneficio personal ni una ventaja para sus empresas. En su argumentación, Loson se amparó en el caso de otros empresarios como Manuel Santos Uribellarea, Alejandro Ivanissevich y Hugo Eurnekian que, según su visión, en situaciones análogas lograron que sus casos sí pasaran, en instrucción, a la justicia electoral. Presentaciones en el mismo sentido realizaron las defensas de Dragonetti y Balán.

En febrero de 2024, el TOF 7 rechazó el planteo de incompetencia. A Loson se le respondió que esa argumentación no era novedosa, que había sido planteada en instrucción y así rechazó el pedido. Lo mismo se hizo con las otras presentaciones.

En junio del 2024, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal admitió la queja de las defensas. Entre ellos también figuraba el empresario Angelo Calcaterra, quien en sus declaraciones en indagatoria desde el comienzo del caso había dicho que los pedidos de dinero del kirchnerismo eran para la campaña.

A fines de noviembre, por mayoría, Casación rechazo los recursos y confirmó que los empresarios enfrentaran el juicio oral por cohecho.

El juicio comenzó a inicios de noviembre. Allí se juzgan varios expedientes del caso que se hizo mediáticamente conocida como "el caso Cuadernos" y que se conoció el 1 de agosto de 2018 con la detención de funcionarios y empresarios que aparecían mencionados en los anotadores del chofer Oscar Centeno. Para los acusadores allí se describía un sistema de corrupción que permitía que desde el Ministerio de Planificación se recaudaran supuestas coimas para que empresarios obtuvieran licitaciones y contratos. Por este caso están siendo juzgados la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, 65 empresarios, entre otros. El caso se nutrió de la declaración de decenas de arrepentidos que confirmaron y detallaron la operatoria.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ordenó al Gobierno a dar marcha atrás con el pase a disponibilidad a 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Además advirtió que si no cumple la medida cautelar, el Poder Ejecutivo tendrá que pagar una multa diaria de $10.000.000.
La Resolución 1240 del Ministerio de Economía disponía además el pase a disponibilidad de empleados del Instituto Nacional de Vitivinicultura y del Instituto Nacional de Semillas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sin embargo, esta cautelar sólo contempla la situación del INTA.
El Gobierno promulgó esta medida horas después de que el Senado rechazara el decreto 462/2025, que disponía el cierre del INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV.